LD (Ángela Martialay) Este martes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó que la jueza de Barcelona que amenazó a los Mossos d'Escuadra de su cargo para librarse de hacerse un test de alcoholemia, en el que posteriormente dio positivo, sólo podía ser sancionada con una falta leve.

Las faltas leves, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pueden ser materializadas desde la advertencia o multa de hasta 300 euros o ambas. Es decir, esta juez podrá recibir como pena máxima una multa y una advertencia por haberse aprovechado de su condición de miembro de un  poder del Estado e intentar librarse de la pena que se le impuso por conducir ebria.

Sin embargo, las sanciones benevolentes con el comportamiento de los miembros de la Carrera Judicial se repiten una y otra vez. El órgano competente de valorar los comportamientos reprobables de los jueces para después imponerle las sanciones permitentes es el CGPJ, de acuerdo con lo establecido en la LOPJ. Dicha Ley prevé que las sanciones disciplinarias de los jueces se dividen en leves, graves o muy graves, siendo la sanción máxima prevista para un magistrado la suspensión, traslado forzoso o separación de la Carrera Judicial.

Sin embargo, noticias como que el juez Tirado, que dejó erróneamente en libertad al asesino de la pequeña Mari Luz, y que sólo fuese sancionado con 1.500 euros de multa o el hecho de que a pesar de las múltiples denuncias interpuestas contra el juez Baltasar Garzón por sus constantes abusos de poder, el CGPJ nunca haya abierto expediente al instructor, ponen en entredicho el sistema disciplinario de los jueces.

A continuación, se exponen algunos de los casos que demuestran la liviandad con la que se castiga los comportamientos reprobables de los miembros de la Judicatura.

Garzón y su “error de carpetilla”, un falta leve

El pasado mes de enero el Consejo valoró que el “error de carpetilla” protagonizado por el titular del juzgado Número 5 de Instrucción  se trataba de una “falta leve” por lo que debería ser la propia Audiencia la que debería sancionarlo. Garzón dejó en libertad a los dos narcotraficantes turcos fueron detenidos hace dos años durante la que se conoció como la segunda operación –llamada "Victoria"– más importante en España contra el tráfico de heroína. Sin embargo, el pasado mes de julio se cumplía el plazo para pedir la prórroga de la prisión provisional (en estos casos de delitos muy graves es el tiempo máximo) de dos de sus detenidos: Sahin Eren y Erden Vardar.

La Fiscalía advirtió el 27 de junio al juez Garzón que se acercaba la fecha límite para pedir la prórroga de ambos delincuentes. Sin embargo, esta petición no pudo hacerse antes porque el juez acababa de llegar de Colombia. La explicación de Garzón fue que se trató de "un error de carpetilla".

El caso Tirado, una "desatención leve"

Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz, fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Rafael Tirado, a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005. La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando Mari Luz Cortés fue asesinada.

El CGPJ acordó por 14 votos a favor y 7 en contra que la multa al juez de Sevilla fuese de sólo 1.500 euros. La portavoz del Consejo señaló que tuvieron en cuenta "que la conducta del magistrado fue de "desatención leve y retraso injustificado". En un recurso, el fiscal pedía para el juez una inhabilitación por tres años.

El expediente disciplinario caducó

En diciembre de este año el Tribunal Supremo anuló la multa de 8.000 euros que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso al juez de la Audiencia Nacional, Manuel Arce, por abuso de autoridad e incumplir el horario, porque el Consejo se retrasó en resolver el expediente y este caducó.

El juez fue sancionado con una multa de 8.000 euros por el Consejo ante el abuso de autoridad e incumplimiento del horario que llevaba a cabo. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces tardó más de los seis meses previstos por la Ley en resolver el asunto (tardó seis meses y seis días) y el Supremo tuvo que absolver al magistrado quien alegó ante el Alto Tribunal que se había cumplido el plazo legal de seis meses previsto para la duración del procedimiento sancionador.

Casos archivados

Cuando son preguntados por este asunto, diferentes miembros del órgano de gobierno de los jueces sostienen que ellos establecen las sanciones de acuerdo con lo establecido en la LOPJ. Sin embargo, hay ocasiones en que las quejas contra los jueces se archivan sin que se practique diligencia alguna.

Fue el caso de la denuncia interpuesta el PP contra el juez estrella por la cacería que mantuvo con el ya ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo en plena operación judicial contra la cúpula popular. Si al socialista dicho escándalo el costó el puesto, para Garzón el asunto ha quedado en una anécdota. Una de las vocales del CGPJ denunció en su voto particular que el caso se había archivado sin que se parcticase ninguna diligencia al respecto.