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Antonio Robles

Acto de soberanía

De estas pequeñas miserias acumuladas a lo largo de estos últimos 30 años se ha alimentado la insolencia contra el respeto constitucional. No se ha llegado de golpe.

El Parlamento de Cataluña con Montilla a la cabeza ha aprobado "La ley de Vegueries" en un acto de claro desafío a la sentencia del Constitucional que las interpretó inconstitucionales si se oponían a las provincias. Ese "acto de soberanía", a decir de Puigcercós, en realidad, "es un acto de rebeldía" contra el orden constitucional y habría de tener inmediata respuesta por parte del Estado. Dejarlo correr convierte en cómplices de un delito de desacato al propio presidente de España, Rodríguez Zapatero.

Esta es la consecuencia dramática de pequeños gestos de macarrismo político a los que no se les ha dado importancia durante tantos años en Cataluña. Al menos ahora se publican. Veamos algunos:

En un campamento juvenil catalán –después supimos que fueron en todos los subvencionados por la Generalitat– una orden por escrito de "La Agencia Catalana de la Juventut" dependiente de la Generalitat prohibía que los niños pudieran ver la final del mundial de futbol entre España y Holanda. Ni siquiera la protesta de algunos padres soliviantados por la felonía pudo impedir el maltrato infantil. Y dirán ustedes, una estupidez de algún nacionalista exaltado. Y cuela y pasa y consentimos.

Después nos enteramos de que en Orio habían hecho lo propio, sólo que aquí el resentimiento de los monitores les llevó a mandar a los niños a la cama convencidos de que España había perdido gracias a un gol de Robben. Más miserables, imposible. Y dirán ustedes, son actitudes impresentables que no representan a nadie. Y cuela y pasa y consentimos.

Más tarde nos enteramos de que CiU intentó desde el Ayuntamiento de Barcelona multar para impedir que los taxistas pudieran lucir la bandera española en la antena de sus vehículos con motivo de la alegría del triunfo de España en el mundial. Adujeron motivos de seguridad. Además de acosadores culturales, cínicos. Y dirán ustedes, un exceso de celo mal entendido de CiU a la hora de interpretar las normas de tráfico. Y cuela y pasa y consentimos.

Mientras, sus juventudes (Juventut nacionalista de Catalunya, JNC) o sea, los cachorros de CiU que hacen lo que sus mayores gestionan y prefieren disimular, llevan adelante una campaña de verano en playas y aeropuertos catalanes para explicar a los turistas en catalán, inglés y francés que "Cataluña es una país secuestrado por un tribunal político". Pretenden repartir 10.000 folletos. Y cuela y pasa y consentimos.

Ahora sabemos que la mesa del Parlamento catalán rechazó hacer un homenaje a los siete jugadores del Barça que participaron en la selección española. Lo impidió ERC, PSC, CiU y ICV-EUiA. Con su pan se lo coman, siento a menudo decir. Y nos seguimos engañando porque carecemos de la grandeza moral para confesarnos que somos incapaces de defender sin complejos los símbolos constitucionales de todos los españoles, mientras consentimos como borregos que hagan befa pública de ellos sin siquiera reparar que allí donde están ellos, están nuestros derechos a salvo.

Mientras tanto, el Gobierno tripartito del Sr. Montilla acaba de aprobar una subvención de 470.00 euros para promocionar la proyección internacional de las selecciones deportivas catalanas. Y cuela y pasa y consentimos.

A lo largo de los últimos años, nacionalistas radicales han ido limpiando de las carreteras catalanas la silueta del toro de Osborne. Ayer CiU y ERC legalizaron en el Parlament lo que sus cachorros subvencionados rompieron a mazazos previamente. Fue un acto fallido: dijeron que votaban contra el maltrato animal cuando en realidad estaban pensando en cómo acabar con cualquier vestigio simbólico de España. ¡Pandilla de hipócritas!

De estas pequeñas miserias acumuladas a lo largo de estos últimos 30 años se ha alimentado la insolencia contra el respeto constitucional. No se ha llegado de golpe.

Decía el pasado lunes el vicepresidente del Gobierno catalán, Carod Rovira, con ocasión de presentar el balance de la secretaria de Política Lingüística que hasta la fecha lleva gastados 200 millones de euros (33.200 millones de pesetas): "Un inmigrante ecuatoriano en Madrid será siempre un emigrante, pero un inmigrante que hable catalán será uno de nosotros". ¿Y si no habla catalán? Nos preguntamos nosotros... ¿qué será?

Hace unos días un joven buscaba una respuesta simple a una realidad compleja: "¿Por qué en Europa se consideran de ultraderecha todos los partidos nacionalistas y en España no?". Porque quien tiene el poder pone el nombre a las cosas. El orden del discurso, decía Michel Foucault.

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