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La LSSI francesa

Tiempo después de que el delirante debate sobre nuestra LSSI terminara con la aprobación de la ley, no parece que ésta haya tenido efectos significativos. Su principal virtud, la prohibición del spam, ha sido eliminada. Su principal defecto, la obligación de registrar los datos de tráfico, no ha sido reglamentada, por lo que permanece sin efectos reales. En definitiva, que para esto, bien podíamos habernos quedado donde estábamos.
 
Ahora es a los franceses a quienes les toca adaptar la directiva sobre comercio electrónico. Parece que desean dejar a Birulés y compañía como beatos merecedores de canonización. La ley propuesta por la ex Nicole Fontaine hace responsables a los proveedores de espacio web del contenido de los sitios que alojan. Reporteros sin Fronteras teme que la redacción actual de esta ley los lleve a autocensurarse, porque una condena por no retirar contenidos ilícitos conlleva penas de cárcel y no se explicita que deban ser los jueces quienes avisen de la legalidad o no legalidad de los contenidos previa a su supresión, como sí sucede en España. Además, elimina el estatus de "correspondencia privada" de los mensajes electrónicos, destruyendo cualquier apariencia de confidencialidad que puedan tener.
 
La asociación de proveedores va más allá, e indica que la ley les obligaría a filtrar las conexiones de sus usuarios en busca de pornografía infantil y material que niegue el holocausto o incite al odio racial para asegurarse de no ser demandados. Y, por supuesto, la tecnología de filtrado no es tan buena como para estar seguros de que todo lo ilegal es filtrado ni de que todo lo filtrado es ilegal. Los usuarios, con cierto ingenio, la denominan "línea de Maginot digital" que, al igual que la original, será costosa y completamente ineficaz, porque será sorteada por aquellos que tengan los conocimientos necesarios para lograrlo.
 
En resumen, la ley que intenta aprobar el gobierno Raffarin supone eliminar los derechos de los internautas más que ninguna otra ley aprobada en un país occidental, incluyendo la LSSI, la PATRIOT y la DMCA. No esta mal para un gobernante que se supone venía del partido liberal francés.
 
Daniel Rodríguez Herrera es editor de Programación en castellano.