Navegante

Que los funcionarios abran su código

Daniel Rodríguez Herrera

Lo más leído
Lo más comentado

Columna publicada el 04-11-2003

Es correcta la insistencia del uso del software libre en la Administración. El empleo de esos programas permitiría en muchos casos ahorrar costes y permitiría a los informáticos de la administración corregir los posibles errores y fallos de seguridad que tengan y adaptarlos a sus necesidades. No obstante, siendo estas características importantes, no son las únicas a considerar a la hora de decidir; deberían ser, por tanto, puntos a favor. Pero no veo adecuado ni justo hacerlo una obligación regulada.

Pienso que los lobbys del software libre yerran en su objetivo. Sería mucho mejor para la comunidad, y mucho más justo, exigir que las aplicaciones creadas en la Administración abrieran su código. Al fin y al cabo, lo hemos pagado todos con nuestros impuestos, de modo que no existe ninguna razón ética para mantenerlo oculto. Debiera ser propiedad pública. Y, en este mundillo, eso se logra abriendo el código. Esto añadiría un repositorio de código importante en la red, permitiría que la Administración funcionara con más sistemas operativos y que pudiera incluso ahorrarse dinero en funcionarios informáticos a través del trabajo de voluntarios.

Para que cada leal súbdito de la Corona pudiera utilizar el software creado en la Administración, debería obligarse por ley a publicarlo bajo licencia libre, salvo que necesidades de seguridad o de interoperabilidad con software propietario hicieran imposible lograrlo sin violar alguna licencia extra. La fórmula más adecuada sería el uso de una licencia doble: con copyleft (GPL), para que los usuarios que así lo quieran puedan desarrollarlo asegurándose de que sus aportaciones siempre serán libres, y sin copyleft (BSD, MPL o similar), que permite hacer software propietario a partir del código a empresas y particulares que lo deseen y que también han pagado caro con sus tributos ese desarrollo.

Si es preciso, por problemas legales, se podría crear una licencia exclusiva para este menester. Algo así como RLESL (Real Licencia Española de Software Libre). Bueno, admito algo menos llamativo, pero es que entre la LSSICE y el párrafo anterior me he hecho adicto a las siglas.

Daniel Rodríguez Herrera es editor de Programación en castellano.