Uno de los mayores aciertos de la comunidad de usuarios de Linux en España ha sido constituir una asociación que realiza con éxito una labor de divulgación del software libre y, por qué no decirlo, de presión para que los políticos tengan en cuenta esta alternativa. El centro de sus campañas ha estado situado en la petición de leyes que obliguen a la administración a adoptar soluciones libres cuando éstas estén disponibles.
Para lograrlo, apoyan un manifiesto que explica las ventajas que tendría para la cosa pública la adopción de estas alternativas. Sin embargo, cabe pensar que en muchas ocasiones dichas ventajas no sean suficientes para compensar un mayor coste total, el que incluye el salario de expertos y demás gastos de mantenimiento Según algunos estudios, este coste, del que el precio de la licencia es un porcentaje muy pequeño, es mayor en el caso de Linux que en el de Windows 2000 Server en diversos casos. No cabe duda de que muchos de los puntos incluidos en ese manifiesto son más que dignos de considerar, especialmente el grado de libertad que otorga y que también glosó mi compañero de columna, pero no debe ser lo único que guíe a los encargados de planear el desarrollo tecnológico de nuestros múltiples gobiernos.
En Colombia, por ejemplo, se está estudiando la adopción de una ley que obliga a todas las instituciones del Estado y las empresas públicas a emplear exclusivamente software libre, excepto en aquellas tareas para las que no exista un programa libre adecuado. Esto impediría que el gobierno colombiano pudiera utilizar las mejores soluciones a sus necesidades, discriminando sin necesidad a los creadores de las mismas.
No obstante, lo que sí sería no ya deseable, sino casi obligatorio, es que el software desarrollado por la administración fuera libre. Al fin y al cabo, ya que lo estamos pagando todos, ¿no es una mínima retribución a nuestros impuestos que empresas y usuarios puedan modificar esos programas para sus propios fines? Quizá incluso proyectos tan caros como la adaptación del programa PADRE a Linux podrían elaborarse con la colaboración de esta comunidad, siempre tan activa. Hasta los propios ciudadanos podrían participar en el desarrollo de la ventanilla única virtual que pretende ser administración.es. Ésta sería una causa más justa para que Hispalinux la defendiera.
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