Dice el refranero que el que calla, otorga. Esta afirmación, que no tiene por qué ser siempre cierta, es cuanto menos acertada en el ámbito político, especialmente en un régimen de opinión pública. El hecho de que los papeles originales de Bárcenas señalen a Rajoy, y a otros muchos destacados dirigentes del PP, como perceptor de sobresueldos cuando era ministro es de tal envergadura que no puede ni debe ser despachado con un escueto comunicado del partido y con un clamoroso silencio por parte de todos los miembros del Gobierno.
La veracidad de estos documentos deberá ser dilucidada, ciertamente, en sede judicial, pero el asunto tiene una inevitable transcendencia política que no puede ser afrontada con la fórmula arriolana de guardar silencio y dejar que escampe. Recuérdese que el actual presidente del Gobierno era en 1996 ministro de Administraciones Públicas, responsable de que se respetara la Ley de Incompatibilidades, que, según los apuntes de Bárcenas, fue vulnerada en aquella etapa.
Naturalmente, lo que haya podido escribir un presunto delincuente como Bárcenas, quien todavía no ha dado una explicación verosímil de cómo ha podido amasar una fortuna de al menos 50 millones de euros, tiene a priori menos crédito que la palabra de Mariano Rajoy. Pero ese es el problema, que Rajoy no ha querido comparecer para desmentir lo que aparece en dichos apuntes del extesorero de su partido.
La actitud de Rajoy y de sus ministros –inconcebible en una democracia madura– contrasta con la que ha mantenido la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha asegurado este martes en un discurso ante la Junta Directiva del PP madrileño que, si ha habido "irregularidades" en la financiación, el partido tendrá que "reconocerlas" y explicarlas, y no "mirar hacia otro lado".
Hace bien el PP en pedir a la justicia que lleve a buen término sus investigaciones "a la mayor celeridad posible". Pero hace rematadamente mal guardando un silencio que no hará sino mantener al Gobierno bajo sospecha hasta que lo rompa.