Dicen que la adversidad fortalece el carácter. Así debe de haber ocurrido con los españoles, quienes apenas se sorprenden ante la enésima chapuza e imprevisión de las Administraciones Públicas. Sea ante las nevadas, ante los incendios, ante las lloviznas, ante las ventiscas o, ahora, ante los terremotos, los españoles estamos por entero a merced de los elementos. Al menos por lo que al sector público se refiere.
No se trata, obviamente, de reclamar una seguridad absoluta ante cualquier fenómeno externo. En la medida en que el Estado está compuesto por personas de carne y hueso, adolece de sus mismas limitaciones, tanto intelectuales como materiales. Sin embargo, sí sería deseable un protocolo de actuación mínimamente efectivo para atenuar las consecuencias más lacerantes que siempre se producen en todas las catástrofes de este estilo.
En el caso del terremoto de Lorca, por ejemplo, no es de recibo que miles de afectados continúen amontonándose por las calles tras haber pasado la noche a la intemperie. Si la Administración, después de una catástrofe natural, es incapaz de movilizar rápidamente los medios necesarios para trasladar y refugiar a una cantidad semejante de personas, ¿para qué se la dota de competencias y recursos en materia de desastres y calamidades?
Al final, han tenido que ser las redes de apoyo voluntario –fundamentalmente la familia y los amigos– las que han proporcionado una mínima válvula de escape a la tragedia; las que han abierto sus casas y sus neveras para que una parte de esos millares de afectados haya podido dormir y comer. Al resto, a quienes no han podido hallar auxilio entre sus contactos, no les ha quedado más remedio que resignarse estoicamente ante la adversidad: una nueva lección de civismo de la población ante la inacción del sector público; al menos en este tipo de situaciones los españoles ya nos hemos acostumbrado a no esperar nada de la Administración. Por lamentable que en ocasiones sea.