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El golpe cotidiano

Toda la trama secesionista está impregnada de un cúmulo de transgresiones a la legalidad que la convierten en el burdo remedo de un golpe de estado.

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El 24 de octubre del 2012 la prensa informó de que cuatro eurodiputados catalanes, de CiU, ERC, PSC e ICV, enviaron una carta a Viviane Reding, presidenta de la Comisión Europea de Justicia, en la que denunciaban que aviones militares españoles realizaban vuelos intimidatorios sobre municipios de Lérida. La denuncia naufragó en el ridículo: esas maniobras se desarrollaban normalmente desde hacía 25 años y sólo podían interpretarlas como amenazantes los secesionistas que vivían y viven permanentemente obsesionados por su propia predisposición al golpismo. Porque toda la trama secesionista está impregnada de un cúmulo de transgresiones a la legalidad que la convierten en el burdo remedo de un golpe de estado. Un golpe cotidiano, cuya continuidad se manifiesta en los desafueros en que incurren, y en las bravatas que profieren, día tras día, sus ejecutores. Un golpe cuya gestación se inició –no nos engañemos– cuando Jordi Pujol sustituyó en la Presidencia de la Generalitat al venerable patriota catalán y español, español y catalán, Josep Tarradellas.

Genes golpistas

Los secesionistas volvieron a dejarse guiar por sus propios genes golpistas cuando arremetieron contra el general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro porque este recordó, en una conferencia pública, algo tan cierto y vigente como que la Carta Magna encomienda a los ejércitos la misión de "defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional" (El País, 28/2). Una verdad como la copa de un pino que a los golpistas autóctonos les pareció una herejía intolerable.

Cuando la belicosa Pilar Rahola usurpó el papel del general Chicharro y pretendió impugnar su pensamiento no hizo mella en este, y en cambio exhibió la matriz retrógrada de la mentalidad secesionista, que es la suya. Escribió (LV, 1/3):

Es cierto (...) que la idea de una España bíblica, situada por encima de la voluntad ciudadana, esencial e intocable más allá de las leyes y los pueblos, recorre la espina dorsal del pensamiento militar.

He aquí una síntesis compacta de la ideología secesionista, en la que basta sustituir la palabra España por Cataluña, y "el pensamiento militar" por "el pensamiento secesionista", para encontrar la esencia del argumentario que repiten con fruición Rahola y sus correligionarios del somatén mediático: la Cataluña milenaria, "situada por encima de la voluntad ciudadana, esencial e intocable más allá de las leyes y los pueblos". Con el añadido de que, movida por su inquina antimilitar, Rahola tuvo el impudor de cerrar su artículo afirmando:

Entre un abertzale que justifica la violencia a favor de una patria y un militar que asegura que hay que defenderla con las armas hay muy poca diferencia.

¿No hay diferencia entre Josu Ternera, por un lado, y el general Eisenhower, el mariscal Montgomery, el general De Gaulle y el mariscal Zukov, por otro? Los nostálgicos de la Cataluña feudal, inquisitorial, almogávar, austracista y desangrada por guerras civiles a lo largo de toda su historia no notarán la diferencia. Pero existir, existe. Pilar Rahola también lo notaría en carne propia si aquellos militares no hubieran derrotado, con sus armas, a la Wehrmacht. Y hoy, mientras los talibanes afines a Rahola urden golpes para balcanizar España, los militares españoles, que ayer eran el blanco preferido de los abertzales violentos, mueren en Afganistán combatiendo contra otros talibanes enemigos de nuestra civilización. Más respeto, señora Rahola. Procure entender que, quizá, defender nuestra civilización y defender nuestra Constitución son sinónimos.

Chapuzas jurídicas

La voluntad de ejecutar un golpe de estado puede ser más o menos explícita, pero está presente en todo el tinglado secesionista. Lo plantea con claridad meridiana Francesc de Carreras (LV, 30/1) cuando se ocupa de la "Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya":

Es obvio que se trata de una declaración deliberada y abiertamente inconstitucional que rompe uno de de los preceptos estructurales básicos de nuestra norma suprema: allí donde la Constitución dice (artículo 1.2) que la "soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado", uno de estos poderes del Estado, el Parlament de Catalunya, sostiene que "el pueblo de Catalunya tiene (...) carácter de sujeto político y jurídico soberano". Por tanto, según la declaración, Catalunya no tiene derecho a la autonomía –como implícitamente reconoce el artículo 2 de la Constitución y, de manera confusa, el artículo 2.4 del Estatut– sino que es un pueblo soberano.

(...)

No entiendo que mediante la utilización de tales chapuzas jurídicas, y sólo estamos en los comienzos, los independentistas catalanes puedan creer que, en el caso de que alcancen su objetivo, Catalunya sea reconocida como Estado soberano por la Unión Europea, siempre tan escrupulosa con el derecho, y también por el resto de los estados y organismos que forman la comunidad internacional. Si hubiera soldados del ejército de Catalunya con metralleta deteniendo a la gente y tanques por las calles, la prensa mundial consideraría que el proceso que comenzó la semana pasada es un golpe de Estado, ya que jurídicamente así es.

Golpe de estado jurídico. Las palabras están en negro sobre blanco. Resolución tras resolución, declaración tras declaración, son los secesionistas, no los generales ni los F-38, quienes dan su golpe cotidiano. Pasándose las leyes por el arco de triunfo. Nuevamente es Francesc de Carreras quien denuncia (LV, 20/2):

Artur Mas ha dicho y ha repetido que prefiere utilizar las vías legales pero que en el caso de que dificulten el objetivo final habrá que utilizar también las que no lo son. El fin, pues, justifica los medios. Incluso el president ha sostenido algo más peregrino: utilizará la legalidad que más le convenga, si no es la interna habrá que acudir a la internacional, desconociendo que hay una sola legalidad y no varias. (...) Por tanto, invocar la legalidad como única vía aceptable por parte de los representantes empresariales es un claro freno a las aspiraciones independentistas.

Locuaz y prepotente

Los secesionistas no se andan con chiquitas a la hora de proclamar su desprecio por las leyes. El más locuaz y prepotente es, claro está, el virtual copresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el mismo que confesó (LV, 12/11/2012): "A los ocho años yo ya tenía muy claro que estaba contra la Constitución española". Hoy, cuando Artur Mas ha subordinado el destino de Cataluña a las fobias infantiles de Junqueras, este exhibe insolentemente su voluntad de llevar adelante la consulta soberanista contra viento y marea. Y contra la legalidad, con típica retórica chavista o kirchnerista (LV, 24/2):

No entraré en una discusión juridicista [sic]. Lo que digo es que no es un problema de leyes, es un problema de democracia. (...) Al margen de lo que diga cada ley, lo único importante es que la gente vaya a votar. Si la gente vota, lo que convierte en vinculante un referéndum es su resultado, es lo que le da legitimidad. (...) Yo no me quiero saltar ninguna ley. Lo que quiero es determinar un nuevo marco legal, decidido por los ciudadanos de Catalunya.

Cuando el entrevistador le pregunta qué sucederá si "la ley española no permite hacer una consulta y una ley catalana es anulada", Junqueras responde, como si aún tuviera 8 años y los adultos estuvieran obligados a hacer realidad sus caprichos:

La consulta se tiene que hacer igualmente. (...) No renuncio a nada. Puede ser una consulta, un referéndum, unas elecciones, una declaración unilateral de independencia.

Los exabruptos con que los responsables de la ofensiva secesionista desvelan sus planes para saltarse el marco legal, así como la creación dentro del gobierno autonómico catalán de organismos propios de un Estado independiente como los encargados de los asuntos exteriores, son hechos concretos que, sumados a la movilización de medios públicos y privados para generar un clima de crispación y fractura política, social, económica y cultural, configuran las características propias del golpe de estado. Causa desazón leer, en medio de tamaño desbarajuste, los sermones de algunos formadores de opinión que convocan al diálogo o pretenden maquillar las insidias secesionistas con pinceladas de racionalidad. Las medidas que está tomando el Gobierno para preservar el orden constitucional son, todavía, mucho más tibias que las que normalmente se emplean, en emergencias parecidas, para neutralizar a los golpistas consuetudinarios.

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