A los socialistas, tanto a los figurones como a los de a pie, les gusta alegar que el estatuto de Cataluña es inofensivo. Para corroborar su afirmación alegan que lleva cuatro años vigente y España no se ha roto, como auguraron algunos cenizos de la derecha. Ante este argumento, los pocos constitucionalistas que van quedando dicen: bueno, no se rompe, pero eso no quita para que el estatuto sea inconstitucional. Ojalá tuvieran razón. Pero no la tienen. Lamentablemente, está a punto de ser oficial: España se rompe.
Lo acabamos de ver en el debate del estatuto de Castilla-La Mancha. PSOE y PP han roto la baraja al ser indispensable para los socialistas e inaceptable para los populares introducir en la norma una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua que haría en la práctica imposibles los trasvases. Naturalmente, los barandas de uno y otro partido se han echado mutuamente la culpa. Pero ha tenido gracia cómo se la han echado los socialistas castellano-manchegos a los populares de la misma región, acusándoles de estar a órdenes de los populares murcianos y de no saber velar por los intereses de Castilla-La Mancha.
Así que Castilla-La Mancha tiene unos intereses que defender. Unos intereses contrapuestos a los de Valencia y Murcia. Al parecer, los populares han preferido defender los de estos últimos frente a los de los primeros. Claro que este mismo argumento que se arroja al rostro de los populares puede volverse contra los socialistas a los que puede decírseles que, por defender los intereses de los castellano-manchegos, han traicionado los de los levantinos. ¿Tendrá que ver esto con que los socialistas gobiernan en Castilla-La Mancha y los populares en Valencia y Murcia? Claro que tiene que ver.
Ahora, socialistas y populares se dedican en las comunidades autónomas que gobiernan a defender sus intereses particulares frente a los del resto de comunidades y, por supuesto, en contra del interés general que, al parecer, ya nadie defiende. Ni siquiera lo hace el presidente de Gobierno, que, como buen socialista, se dedica a defender los intereses de las comunidades autónomas en las que gobierna su partido en contra de las que no gobierna. Y no estamos hablando de Cataluña ni del País Vasco, sino de comunidades autónomas sin partidos nacionalistas completamente controladas por los partidos nacionales.
Las Cortes Generales se parecen cada vez más al Parlamento Europeo, ahora con traducción simultánea en el Senado. Zapatero no pasa de ser una especie de síntesis de Barroso y Rampuy. Y los ministros cada vez recuerdan más a los comisarios que cada comunidad autónoma envía al Gobierno central para que allí velen por los intereses e sus respectivas regiones. La particularidad española con respecto a Bruselas es que aquí el control de calidad que se aplica es mucho más laxo y benévolo. Es probable que Cataluña, en todo este proceso de autodestrucción centrífuga que nos conduce hacia una especie de Unión Europea de La señorita Pepis, no sea más que un jalón, pero es uno muy importante.
Claro que España se rompe. Lo hace poco a poco, pero con decisión. Está cerca el momento en que podamos gritar satisfechos: "¿lo veis como yo tenía razón?". Entonces, los ciegos, tibios e insensatos que nos prometieron y aun hoy prometen que España no se rompe no tendrán más remedio que dárnosla. La pena es que será demasiado tarde y ya nada podrá hacerse.