Las explicaciones que ha dado Federico Trillo para que su grupo parlamentario no exija la comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba ante la Comisión Permanente de las Cortes son sorprendentes. Nos ha dicho el jurista del PP que el problema en torno al caso Faisán es sobre todo jurisdiccional porque Garzón, juez instructor de la causa, lo tiene paralizado.
Tiene razón Trillo cuando acusa a Garzón de tener detenida la instrucción del caso. Pero ocurre que en España, al menos aparentemente, hay división de poderes y la función jurisdiccional, que en este caso ejerce Garzón, corresponde al Poder Judicial. Todo el que esté personado en la causa podrá estimular la acción del instructor con los medios que la Ley ponga a su disposición, pero eso no exime al Poder Legislativo, representado en este caso por Federico Trillo, de ejercer una de sus más importantes funciones: la de controlar al Ejecutivo, esto es, a Rubalcaba.
El proceso avanzará o, si el Gobierno, la Fiscalía y Garzón se salen con la suya, se le dará carpetazo. Pero sea lo que sea lo que ocurra, a estas alturas está bien claro que el director general de la Policía, cargo de confianza del ministro del Interior, avisó a un miembro de ETA de que estaba a punto de ser detenido para que huyera y evitara la acción de la Justicia. Es lícito sospechar que muy probablemente Víctor García Hidalgo obró por orden del ministro. Mucho más cuando don Alfredo nunca ha dado la menor muestra de haberse sentido defraudado en la confianza depositada en el hombre que puso al frente de la Policía. Pero aunque Rubalcaba no supiera nada del chivatazo y el director general hubiera actuado por su cuenta y riesgo, Rubalcaba sólo estaría libre de responsabilidad penal, nunca de la responsabilidad política de haber nombrado para un alto cargo de su Ministerio a alguien que acaba ayudando a ETA.
Es insólito que un presidente del Gobierno, a la vista de que su ministro del Interior tiene un director general de la Policía sobre el que pesan indicios vehementísimos de haber colaborado con una organización terrorista, no le haya cesado de manera fulminante. Pero eso no es nada que maraville a nadie si presidente y ministro son miembros del PSOE. Lo que ya no hay forma de entender es cómo el PP, que tiene el deber de ejercer la oposición, no reclama al presidente el cese y al ministro la dimisión en cualquier ocasión que se le ofrezca, especialmente cuando surge allí donde corresponde hacerlo, en el Parlamento. Y si éste está en período vacacional, pues en su Comisión Permanente, que para eso está. Se me dirá que ya los han pedido con ocasión de anteriores revelaciones y que ni Zapatero ni Rubalcaba les han hecho ningún caso. Pues por eso hay que insistir. Mucho más cuando las últimas noticias de El Mundo convierten los indicios en pruebas y las sospechas en certidumbres.
Podía Trillo haber dicho que la gravedad del caso es tan grande que preferían oír a Rubalcaba cuando, pasadas las vacaciones, se reuniera el pleno. Se le habría acusado de equivocarse, pero al menos la excusa habría sido creíble. Sin embargo, aliviar la obvia responsabilidad política de Rubalcaba cargando las tintas sobre la no menos obvia responsabilidad jurisdiccional de Garzón huele a chamusquina. No es fácil imaginar qué interés pueda tener el PP en salvar la carrera política de Rubalcaba. No es fácil, pero no imposible.