Tenía que llegar y ha llegado. El Tribunal de Cuentas acaba de remitir al Congreso de los Diputados un informe sobre la gestión del Forcem --la fundación constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores que conceden el INEM y la Unión Europea-- en el que detecta responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables y pide la devolución de varios cientos de millones de pesetas.
Hace tiempo que se sabía que los fondos del Forcem no se destinaban al fin para el que se habían concedido. En unos casos han ido a parar a empresas creadas “ad hoc” para ganar dinero con dichos fondos. En los tribunales, de hecho, hay varias causas abiertas contra estas empresas porque se quedaban con una parte o todo el dinero que se les asignaba para impartir cursos de formación. El propio informe del Tribunal de Cuentas advierte que, en más de un caso, los contratos con esas compañías ni siquiera se formalizaban por escrito, algo inaudito en cualquier caso que solo puede dar lugar a pensar, como hace el Tribunal, en un uso fraudulento de dichos fondos.
En otros casos, las sospechas recaen sobre los propios fundadores del Forcem. Cada cierto tiempo, la Unión Europea demanda a España la devolución de una parte de los dineros asignados a este fin porque no se utilizan para aquello para lo que se han concedido. Las cantidades que ha tenido que devolver el Estado español han ascendido a cientos de millones de pesetas en cada ocasión.
Pero lo triste de todo ello es que el Estado ha pagado ese dinero de su bolsillo, en vez de reclamarlo, como sería lo lógico y lo justo, a quien lo ha administrado. Con ello ha dado pie a que siguiera un fraude que apunta a que el dinero del Forcem se ha utilizado en parte para que se financien los sindicatos y las patronales. Pero si los agentes sociales tienen dificultades para encontrar recursos, deben apañárselas como puedan o reestructurarse como cualquier empresa. A fin de cuentas, una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia les reconoció su carácter de agentes económicos y, por tanto, deberían actuar como tales en la administración de sus recursos. Lo que no es de recibo es que el dinero del Forcem se utilice para eso, y menos aún que lo ampare el Estado.
No hay que olvidar que los recursos del Forcem, procedan del INEM o de la UE, son dineros públicos. Los gestores del Forcem, por tanto, están obligados a administrarlos con la prudencia y la honestidad que hay que exigir a cualquier gestor público. Luis Roldan, el ex director general de la Guardia Civil, terminó en la cárcel por este motivo. No quiero decir que los imputados por el Tribunal de Cuentas tengan que acabar también entre rejas, entre otras cosas porque son inocentes mientras no se demuestre lo contrario en los juzgados. Pero los ciudadanos no deben renunciar por ello al control y la exigencia de responsabilidades por el uso de unos dineros que salen de su bolsillo a través de los impuestos.
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