El desbloqueo de la modificación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo evidencia la necesidad del Gobierno socialista de dar un impulso a su aprobación ante el inminente desenlace del proceso de negociación con la banda terrorista ETA.
En diciembre de 2004, Zapatero nombra alto comisionado para las víctimas del terrorismo a Gregorio Peces Barba. A los pocos días, Peces Barba mantiene una reunión con la junta directiva de la AVT, que yo presidía por aquel entonces. De aquella primera reunión, y de las mantenidas posteriormente con la AVT y con otros colectivos, quedó claro que se estaba utilizando la reforma de la Ley de Víctimas con el objetivo de detectar las debilidades que los colectivos de víctimas pudieran tener y utilizarlas para adaptar la ley con el objeto de emplearla como mordaza para el proceso de negociación.
Las continuas promesas, posponiendo la fecha límite para la aprobación de la ley, se fueron incumpliendo una tras otra, hasta el cese de Peces Barba como alto comisionado. Y la ley se quedó en un cajón.
En esta segunda legislatura, con el proceso de negociación vigente, el Gobierno vuelve a retomar la ley hace más de un año. En la exposición que realicé en la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados, expuse algunos puntos por los que consideraba esta ley un fraude para las víctimas del terrorismo, que volvería a discriminar a unas víctimas con respecto a otras, al introducir grandes diferencias entre víctimas que están en igualdad de condiciones. Pero no fue esta mi crítica principal. Dije entonces que, para el colectivo de víctimas que represento, la principal prioridad era que se incluyera en el texto de la ley la prohibición expresa de negociar con terroristas.
Después de siete años, el difamador diputado socialista Antonio Hernando (lo de difamador lo digo porque dicho diputado no tuvo reparo en recurrir a la difamación en unas declaraciones efectuadas en el Congreso contra la AVT que yo dirigía) ha aceptado ahora ponerse de acuerdo para incluir en la ley el siguiente texto: "El Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones".
Seguro que hay muchos que aplaudirán con euforia esta iniciativa, que creerán que esto significa que el Gobierno socialista ni negocia ni negociará con ETA. Me extendería en exceso si recogiese en este artículo todas y cada una de las promesas y compromisos que los distintos Gobiernos socialistas realizaron, negando cualquier nueva negociación con ETA; por supuesto, ninguna de esas promesas fue cumplida, ni ningún compromiso mantenido. Baste con recordar que el Presidente de este Gobierno fue el que firmó el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, que traicionó nada más firmarlo, al iniciar conversaciones con ETA estando aún en la oposición, y que sigue traicionando.
Este mismo presidente es el que llevó al Congreso, en 2005, su decisión de abrir un proceso de diálogo con ETA. Permítanme que recuerde aquí un extracto de la intervención de Zapatero en el Congreso el 17 de mayo del 2005:
Por eso, y convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje.
Si leen con detalle la resolución parlamentaria que dio permiso al Gobierno para oficializar el proceso de negociación con ETA, podrán comprobar la capacidad de manipulación y el modo de retorcer el significado de las palabras para encubrir una negociación con terroristas. De hecho, poco difiere la interpretación de este párrafo del compromiso adquirido en la reforma de la ley de Víctimas del terrorismo.
Estamos ante un nuevo engaño, una nueva trampa. Lo han hecho con la reforma de la ley de Partidos, que supuestamente se hacía para impedir que ETA siga en las instituciones y que, como hemos comprobado, ha terminado posibilitando que Bildu entre en las instituciones, burlando la ley por otros caminos. Y harán lo mismo ahora.
Quieren emplear esta ley para utilizarla como una chequera y comprar voluntades, especialmente de aquellas organizaciones y asociaciones de víctimas creadas desde la llegada de Zapatero al poder, junto con algunas ya existentes que siempre se opusieron a quienes abogamos por la rebelión cívica contra el proceso de negociación.
A pesar de ser consciente de la eficacia de este movimiento del Gobierno socialista para aplacar la respuesta de colectivos y víctimas contra la negociación encubierta, no cejaremos en nuestro empeño de resistir a las tentaciones y engaños. Pues si necesaria puede ser, de forma puntual, la ayuda económica a los que tenemos la suerte de estar vivos, prioritaria es la obligación que tenemos para con los que fueron asesinados: velar por su memoria, dignidad y justicia. Si este no fuera nuestro principal compromiso, no seríamos merecedores de ninguna de las reformas que pretenden vendernos con esta ley, que no es, por mucho que les cueste reconocerlo, sino un agravio y un fraude.