Los efectos del proceso de negociación entre el Gobierno y ETA son ya palpables en el País Vasco, y han desplazado la violencia hacia formas nuevas y viejas de presión etarra en esta región de nuestro país. Violencia caracterizada por dos cosas: por un lado, es una violencia sorda, más psicológica que física, y de orden más moral que material que se ejerce, no sólo contra los no nacionalistas, sino contra los opositores al proceso de negociación; por otra, se ejerce desde ámbitos antes alejados de la influencia etarra, y que permiten a la banda ejercerla en un ámbito social mayor. A esta situación, de paz por medio del chantaje permanente, y ejercida en silencio y furtivamente, lo llamamos terrorismo frío.

En primer lugar, es posible por el dominio de ETA en algunas instituciones. Desde el año 2007, la presencia de ETA en las calles vascas ha ido creciendo exponencialmente: más aún desde 2010, con la banda controlando ayuntamientos y la diputación de Guipúzcoa. Hoy, su visibilidad política es la misma que en los años noventa, o más, porque a diferencia de entonces no hay negro horizonte para Batasuna o Bildu, que saborea las mieles del éxito. Al tiempo, desde hace meses, asistimos al desembarco de activistas abertzales en ayuntamientos, volcados en la agitación social. Esta presión ejercida de arriba a abajo, incluso con los métodos coactivos del Estado en manos de proetarras, se hace sentir en zonas enteras del País Vasco y Navarra. La presión de las instituciones gobernadas por Bildu hacia los no nacionalistas se ha multiplicado: con iniciativas totalitarias, como la creación de registros de hablantes de una u otra lengua, buzoneos con encuestas sobre los presos en algunos pueblos, o discriminación ideológica.

Esto ha traído aparejado el aumento de incidentes en la calle. Algunos asociados a la euforia terrorista tras la toma del poder –caso del famoso montaje en Leiza y en otros pueblos, con las fiestas patronales utilizadas para la apología de ETA–; otros de refundación de la kale borroka bajo las faldas de movimientos ocupas y del 15M, como denunció el alcalde peneuvista de Bilbao a propósito de los graves incidentes del 24 de septiembre. También están las crecientes amenazas e insultos a víctimas o políticos no nacionalistas. A lo que se suman otros sin violencia explícita, con actos de exaltación de terroristas o de vejación y humillación de las víctimas.

Esta situación de violencia fría, de baja intensidad y extendida e institucionalizada, se explica por las exigencias que el proceso impone al Gobierno. El Gobierno vasco y el de Zapatero velan por el éxito de la negociación, lo que implica ocultar o disculpar la situación generada. El discurso de Patxi López esta semana –convertido de facto en portavoz de los presos de ETA, defendiendo los intereses por éstos expresados días antes–; las intoxicaciones filtradas y publicadas por prensa afín; la política de beneficios penitenciarios a los etarras que emana de Interior; el trabajo a destajo para legitimar internacionalmente el pacto; y el control político de Rubalcaba, recubren por encima esta lamentable situación, legitimándola.

El salto al vacío dado por el PSOE respecto a ETA empieza a mostrar algunos efectos como los señalados: la degradación del Estado de Derecho, la pérdida de vigencia del ordenamiento constitucional, el retraimiento de los no nacionalistas. A la presión creciente de los etarras y las quejas de las víctimas, los socialistas aún responden con un "peor estaríamos con atentados", perpetuando aún más la presión y la soledad ante el terrorismo frío que se extiende por el País Vasco.