ETA ha vuelto a mostrar esta semana su cara más criminal, más cruel y más inhumana. Dos tiros en la cabeza acababan con la vida del empresario vasco Ignacio Uría. Por toda España se han sucedido las palabras de condena, las concentraciones y los minutos de silencio de repulsa ante este nuevo crimen y de solidaridad con la víctima. No hay mejor antídoto al veneno del terror que ETA pretende inocular en la sociedad española que la movilización colectiva de los ciudadanos para plantar cara en la calle a los asesinos.
A los poderes públicos hay que pedirles, sin embargo, algo más que condenas unánimes, siendo estas necesarias. Hay que pedirles también hechos. La derrota del terrorismo no es sólo un discurso, debe ser una realidad que vayamos construyendo juntos, paso a paso, hasta lograr que asesinatos como el de Ignacio Uría sean imposibles.
Tres cosas se me ocurren como más urgentes para seguir avanzando en ese crucial objetivo. En primer lugar, recuperar la firmeza democrática como un valor esencial de la lucha contra el terror. Hay que hacer perder toda esperanza a los terroristas de que sus crímenes sean ningún salvoconducto que les lleve a una mesa de negociación con el Estado. La voluntad común de derrota de ETA debería plasmarse en un gran acuerdo de todos los partidos democráticos que compartimos ese gran objetivo. Las expectativas de un final dialogado de la violencia, al que aún se aferran algunos en sus discursos políticos, no sirven más que para dar aliento a los terroristas en su irracional carrera criminal.
En segundo lugar, es tan imprescindible como urgente expulsar a quienes apoyan políticamente a los terroristas de las instituciones democráticas. Atenta contra cualquier lógica política que representantes de partidos ilegalizados por pertenecer a ETA mantengan el control de numerosos ayuntamientos del País Vasco y Navarra. No es posible derrotar a ETA si dejamos que los terroristas utilicen el dinero público y las instituciones al servicio de sus fines criminales y totalitarios.
La presión ejercida por el Partido Popular parece que ha impulsado al Gobierno de Zapatero a proponer una reforma legislativa que acabe de una vez con esta anomalía democrática. En mi opinión la cuestión no admite más dilaciones y debería iniciarse ya el proceso de disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV, porque entiendo que es una prioridad política máxima y porque estimo que hay base jurídica para hacerlo. Pero en todo caso, el Gobierno debería impulsar la reforma legislativa anunciada ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno con la máxima urgencia para dar muestra de su verdadera voluntad.
En tercer lugar hay que recuperar la movilización social contra el terrorismo, volviendo a situar a las víctimas en la vanguardia de ese movimiento. Es un grave error tratar de minimizar la amenaza terrorista o empecinarse en trasmitir que ETA ha sido ya derrotada, porque ambos mensajes tienen un efecto sedante para la sociedad. No es el momento para suministrar a los ciudadanos el valium que propone Arzalluz para anestesiar a las victimas. Por el contrario, es el momento de que los líderes políticos transmitan a la sociedad la determinación, el valor y las convicciones democráticas necesarias para lograr todos juntos la derrota definitiva de los terroristas.
La eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha permitido reducir la capacidad criminal de esta banda asesina. Sin embargo, ETA salió del fracasado proceso de negociación con el Gobierno de Zapatero con una voluntad reforzada para seguir matando y con un espacio político e institucional en el que sobrevivir. Es imprescindible que a los nuevos golpes policiales que sin duda recibirá la banda en los próximos meses, unamos una voluntad política inquebrantable de derrotarla y la expulsemos definitivamente de ese espacio público que da oxígeno a su actuación criminal.