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Ignacio Villa

La última paranoia del Gobierno

Lo que el Supremo nunca ha sugerido es que esta decisión signifique que legalmente puedan celebrase reuniones de negociación política con los terroristas como han querido apuntar desde el Gobierno.

Se les ha visto el plumero. Tanto el Gobierno como el PSOE han utilizado el auto del Tribunal Supremo sobre la reunión de López y Otegi del mes de julio para lanzarse contra el Partido Popular, en una señal más de su desesperación ante el proceso de rendición en el que se han enfangado.

Este mismo viernes, Pérez Rubalcaba, López Garrido y Blanco han utilizado la decisión del Supremo para volver a mezclar todo, confundiendo a los ciudadanos y mintiendo en la línea habitual de los socialistas para distraer de la claudicación que están llevando a cabo desde antes de que los terroristas etarras anunciaran su alto el fuego. En una decisión en todo caso sorprendente, el Supremo ha dicho que la reunión del socialista López y del batasuno Otegi no es ilegal. Pero una vez aclarado eso, lo que el Supremo nunca ha sugerido es que esta decisión signifique que legalmente puedan celebrase reuniones de negociación política con los terroristas como han querido apuntar desde el Gobierno, ni tampoco es un gesto positivo hacia la posible convocatoria de la mesa de partidos, que es la condición indispensable impuesta por los terroristas para que continúe el proceso de rendición.

La decisión del Supremo puede ser discutible; es más, hay quien sugiere que es el resultado de la presión política del Gobierno sobre el mundo judicial para que ensucie sus togas con el polvo del camino. Sea como fuere, lo que sí está claro es que el Tribunal Supremo no ha dicho lo que no ha dicho, ni tampoco ha dicho lo que al Gobierno le hubiera gustado que hubiera dicho. Los Rubalcaba, Garrido y Blanco han salido como toros desbocados a sabiendas de que la situación en la que se encuentran es límite y necesitan cualquier clavo ardiendo al que agarrase, por mucho que se quemen la mano.

Muy mal se tiene que ver el Gobierno para entrar en este juego sucio de mentiras, más cerca de política bananera, mafiosa y tercermundista que de la normalidad democrática de un país de la Unión Europea. El Tribunal Supremo ha dicho una cosa y el Gobierno pretende que diga otra, y en el camino han aprovechado para arrear al Partido Popular. Es, sencillamente, la última paranoia del Ejecutivo. Aprietan a la Justicia, la Justicia se pronuncia sobre una cuestión importante y el Gobierno se empeña en traducirlo de modo que termine por no guardar ningún parecido con la realidad. Pero es de temer que, dada la potencia de su altavoz, muchos se lo crean.

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