Adolfo Suárez tuvo el mérito de crear las condiciones necesarias para el consenso, pero es un error atribuirle la virtud de articular un partido a la derecha que asumiera las ideas y prácticas democráticas. No por la dificultad de llevar la mentalidad de la derecha hacia la democracia, sino porque la UCD no llegó a ser un partido de verdad. Ahí radicó su debilidad, su desintegración un lustro después de su fundación, y el posterior dominio socialista durante catorce años. Suárez no aprovechó su liderazgo social para institucionalizar un partido desde arriba, rendido a su persona y a sus ideas, que podía haberlo hecho, sino que quiso hacerlo de forma colectiva. Así lo dijo en unas declaraciones que recogió Silvia Alonso-Castrillo en su libro La apuesta del centro (1996):
No era mi prioridad hacer una formación política capaz de sustentar un partido político serio. Este partido debíamos haberlo hecho entre todos, no se consiguió y yo tengo que asumir esa responsabilidad.
Las dificultades para la institucionalización de la UCD como partido fueron varias: la heterogeneidad ideológica de sus componentes, la inadecuación al cambio en la organización territorial del país, las pugnas entre los barones, la debilidad interna del liderazgo de Suárez y la dependencia de un Gobierno que a partir de 1979 tomó en solitario medidas impopulares.
La UCD surgió en mayo de 1977 como una coalición que albergaba a multitud de minúsculos partidos, y en agosto se constituyó oficial y legalmente como partido. Su primer congreso se celebró el 19 de octubre de 1978, y ahí, además de elegir a Suárez como presidente, se definió como un partido "democrático, progresista, interclasista e integrador". Esa vaguedad identitaria se debía a la necesidad de integrar a cristianodemócratas, socialdemócratas, liberales e independientes, que fue el nombre que adoptaron los exfranquistas.
El propósito era presentarse como un partido capaz de albergar cualquier propuesta que sonara a reforma democrática, granjearse el apoyo del electorado y evitar la inquina de los otros partidos. Se trató, en expresión de Jonathan Hopkin, de un "partido ómnibus", al que se subió todo aquel que quiso hacer el cambio tranquilo frente al rupturismo del PSOE, rendido aún al marxismo y a la república, y el continuismo de AP, con un Fraga enfadado porque creía que le habían hurtado el protagonismo de la Transición.
También es cierto, como apuntó Charles Powell, que la dificultad para elaborar un ideario sólido se debió a que la UCD se construyó en pleno proceso constituyente y desde el Gobierno, justo en el momento en el que se pretendía que todo acto gubernamental fuera reflejo del consenso. No puede hacerse un ideario con personalidad buscando el asentimiento de los adversarios. Nunca arregló esto la UCD, porque, decidido Suárez a hacer una política de centro-izquierda para congraciarse con el grueso del electorado, la derecha del partido se le puso en pie de guerra sin conseguir por ello una mayor lealtad de la izquierda ucedista.
El funcionamiento territorial del partido fue un desastre: mientras el país se articulaba en comunidades autónomas, la UCD lo hacía en una organización provincial. Esta incoherencia, según apuntó Carlos Huneeus en su clásico La UCD y la transición a la democracia en España (1985), aumentó el conflicto entre la dirección nacional y los líderes provinciales, que se veían arrollados por los nacionalistas y por el PSOE, que sí tenía una organización regional. Esto llevó al error andaluz: convocó un referéndum en Andalucía para que se decidiera por qué modo accedía a la autonomía, y pidió la abstención. Ahí le entregó el poder al PSOE; hasta el día de hoy.
Las pugnas entre barones sonrojan incluso vistas desde hoy. Suárez quería un partido sólo para las elecciones y que dependiera de él, mientras que los barones estaban empeñados en una organización que reflejara la pluralidad de la coalición y asegurarse así su cuota de poder. El pulso estaba servido. Si bien repartió carteras en el periodo constituyente entre las familias de la UCD, una vez ganadas las elecciones de marzo de 1979 formó su Gobierno sin repartos de poder, y se granjeó la enemistad de todos. La envidia y el rencor de quienes se consideraban mandados por un "chusquero de la política" se imponían al patriotismo y al sentido común, y generaban presión, críticas y traiciones. El error andaluz, en febrero de 1980, provocó un enfrentamiento de Suárez con los barones, para el cual se constituyó una comisión permanente que nada arregló.
Y llegó la moción de censura del PSOE, en mayo de 1980. El PSOE se había lanzado a una campaña feroz de acoso y derribo de Suárez porque lo vieron factible por su debilidad interna. Alfonso Guerra hizo uno de sus discursos más duros, mientras González se presentaba como la alternativa plausible de Gobierno. Suárez se quedó callado en su escaño, como hizo en la sesión de investidura de marzo de 1979. No rebatió a ninguno, y se equivocó al pensar que la réplica de sus ministros dejaría en evidencia a González. La imagen pública fue la de un presidente que no daba la cara. Tras la votación, los dirigentes de la UCD se reunieron. De aquella cita no salió un reforzamiento del liderazgo de Suárez, sino una remodelación del Gobierno que repartía de nuevo el poder ministerial para contentar a los barones.
La gran baza de Adolfo Suárez era hasta entonces que había conseguido conectar con un electorado que, en palabras de Calvo Sotelo en su Memoria viva de la Transición, deseaba una "transición suave". Era esa parte de la población que tenía un interés escaso por la política pero ganas de cambio, que daba importancia a la identificación con un líder más que a un partido, con una identidad política pasada difusa, que había sido indiferente o pasiva en la última fase del franquismo y que estaba interesada en la modernización tranquila. La mayoría del electorado consideró necesaria esa actitud en el proceso constituyente, y le había recompensado con la victoria electoral en 1979.
Sin embargo, el idilio con terminó cuando Suárez dio por terminada la etapa de consenso en 1979 y comenzó a gobernar. Al no repartir el poder entre las familias, el Gobierno debía sudar tinta para conseguir la disciplina de voto de los diputados ucedistas. Los de la derecha tendían a unirse a los de Fraga, y los de la izquierda a González y Guerra. Además, la moderación de AP y PSOE –que abandonó estratégicamente el marxismo y el republicanismo– aumentó la tentación de los críticos de la UCD a pasarse a otro partido. Por otro lado, tomó medidas impopulares –contención de salarios y reforma fiscal, entre otras cosas– y otras controvertidas –como el Estatuto de Centros Docentes y la Ley del Divorcio– que provocaron el desastre electoral en las elecciones municipales de ese año y el fracaso autonómico. Una vez que comenzaron las derrotas en las urnas, se desbordaron las disidencias, las ambiciones, las tentaciones de cambiar de partido, de pelear por el liderazgo interno, de echar a Suárez.
A mediados de 1980 era evidente que detrás de Suárez solo estaba el empeño del rey: no le apoyaba un partido sólido, ni un sindicato, ni la patronal, ni el ejército, ni la iglesia, o una red de prensa y radio poderosa, salvo RTVE. Tenía los días contados. Solo quedaba que el rey le retirase públicamente la confianza, como lo hacía en privado.
Suárez dimitió el 29 de enero de 1981, quizá para demostrar que era insustituible en el centro político, y volver con más fuerza con su nuevo partido, el CDS. Pero no fue así. Mientras, la UCD caía en picado. Tras el intento de golpe de Estado vinieron el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo –inoportuno para una sociedad que reclamaba una ilusión–, el estéril congreso de la UCD de Palma de Mallorca, la marcha de Herrero de Miñón con Fraga –como hicieron los otros grupos de la derecha ucedista– y la de la izquierda de Fernández Ordóñez con González. La UCD quedó en manos de uno de los enemigos internos de Suárez más duros, el cristianodemócrata Landelino Lavilla, que llevó al partido a la ruina en las elecciones de 1982.
La democracia debe a Suárez la mejor Constitución de nuestra historia contemporánea, y la derecha actual su talante hacia el adversario, pero no un partido verdaderamente de gobierno, que no llegó hasta la década de 1990.