Desde que hace aproximadamente seis meses Gabriel Calzada, Raquel Merino y un servidor publicamos con la ayuda de José Ignacio García Bielsa nuestro estudio sobre los efectos de las subvenciones a las energías renovables en la economía española, nos han llovido todo tipo de críticas. Demasiado dinero y demasiados intereses concentrados en generar la nueva burbuja que necesitaba nuestra economía para que España, como en tiempos de Solchaga, siguiera siendo el país del pelotazo, aquél en el que en un menor tiempo y con los menores esfuerzos podía uno volverse multimillonario.

El argumento del informe era bastante sencillo y debería estar al alcance de cualquiera: si la energía renovable es mucho más cara que la energía procedente del resto de fuentes, necesariamente estaremos despilfarrando recursos si forzamos a la economía a que se abastezca a través de ésta en lugar de por otros medios más baratos. Puro coste de oportunidad, ese concepto que supuestamente se enseña en primero de carrera de Economía pero que tan pocas personas llegan a aprehender en toda su intensidad.

Constatada esa realidad, simplemente nos dedicamos a cuantificar el importe monetario de ese coste de oportunidad, esto es, las ayudas que en distintos conceptos el Gobierno había dedicado a la energía verde: casi 30.000 millones de euros. Ahí es nada, dos veces el importe que Zapatero pretende recaudar con la mayor subida de impuestos de nuestra historia.

Pero la cifra de 30.000 millones parecía no significar demasiado para mucha gente. Así que decidimos dar un paso más allá: dado que uno de los argumentos más recurrentes a favor de la inversión pública en energías renovables es que contribuyen a crear puestos de trabajo –puro keynesianismo de mercadillo–, dividimos esos 30.000 millones por los poco más de 50.000 empleos derivados de esa lluvia de millones. ¿Resultado? Cada empleo verde ha costado a los españoles algo más de 570.000 euros.

Pero, ¿eso es mucho o poco? A bote pronto es difícil de responder. Así que lo comparamos con la inversión media por puesto de trabajo en la economía española. Si los amantes de la subvención sostenían que estaban creando empleos competitivos, era necesario que efectuáramos alguna comparación. Pues bien, por dos vías distintas, obtuvimos que las subvenciones a las renovables absorbían los recursos necesarios para crear en el resto de la economía unos 3,2 empleos. La implicación era obvia: si por cada empleo que creaban con la subvención, se destruían 3,2, el efecto neto de subvencionar las energías renovables era una destrucción de 2,2 empleos por cada uno de los que se pretendían crear.

Al Gobierno, siempre tan respetuoso con la libertad de expresión y con el progreso científico, las conclusiones no le hicieron ninguna gracia. No es para menos: el campeón de la política social estaba lastrando a la economía española con una hipoteca que le restaría capacidad para crear más de 100.000 empleos. Y así comenzó una campaña de, digamos, difamación en torno al informe que alcanzó el pasado viernes un nuevo y delirante episodio.

Sebastián, de visita por Estados Unidos para tratar de endilgarles a nuestros queridos Mister Marshalls la enorme burbuja renovable que PP y sobre todo PSOE habían contribuido a crear y que lleva más de un año estallando, no vaciló a la hora de intentar desacreditar el informe recurriendo a esa estrategia que está prácticamente impresa en el ADN de nuestro Gobierno: mentir.

En una breve entrevista en The Houston Chronicle, el ministro de Industria se despachó a gusto al sostener que: a) el estudio liga la destrucción del empleo en la construcción con la creación de empleo subvencionado en las renovables y b) la Universidad Rey Juan Carlos es una universidad privada y marginal en la Comunidad de Madrid.

No voy a decir eso tan típico de que o bien Sebastián no se ha leído el informe o que o bien miente. No, no es necesario concederle el beneficio de la duda. Miente y punto. Que una persona que ha sido profesor de una universidad madrileña y que se presentó a alcalde de Madrid no sepa que la Universidad Rey Juan Carlos es la cuarta universidad pública por número de alumnos de la Comunidad no es algo que resulte ni siquiera mínimamente verosímil. Que una persona que es ministro de Industria no conozca el contenido de uno de los informes españoles con más impacto internacional en la historia de nuestro país y que echa por los suelos una de las políticas estrella de su departamento, todavía lo resulta menos. Huelga decirlo, pero en ningún punto del informe se liga la destrucción del empleo en el sector del ladrillo con las subvenciones verdes, algo que sería realmente disparatado.

Lo que cabe preguntarse no es si Sebastián mintió, algo evidente, sino más bien por qué necesitaba hacerlo para responder a nuestro informe. Y aquí la respuesta tampoco admite muchas posibilidades: por un sentimiento muy humano llamado impotencia, que en las instancias políticas da paso a poner en marcha la máquina de propaganda. En un país como España, donde los políticos son capaces de sostener una cosa y la contraria sin que nadie se escandalice, ¿por qué iba nuestro ministro de Industria en su tour comercial por Estados Unidos a decir la verdad? Lo que no se estila dentro, menos se va a estilar fuera, donde además no tienen por qué conocer ni al personaje, ni al partido, ni a la clase política a la que pertenecen ambos. Pero esto es lo que hay. España no se merece un Gobierno que le mienta, pero con estos politicastros, no puede tener otra cosa.