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Columna publicada el 05-10-2000
Ciudad de México. El gobierno mexicano se ufana de que más del 60% de su gasto fue en el llamado gasto social. El presidente Zedillo dijo, textualmente, en su último mensaje: "Se multiplicaron tres veces y medio el número de desayunos escolares, para llegar a 4,6 millones diarios, y en 1997 se estableció el PROGRESA, que ya alcanza a 2,6 millones de familias en 56 mil localidades rurales. Un tercio de la población beneficiada por este programa es indígena... Según evaluaciones técnicamente bien fundadas, el PROGRESA está probando ser un instrumento sumamente eficaz de la política social para enfrentar la pobreza extrema".
Sin embargo, hay datos que contradicen esa optimista visión gubernamental sobre el combate a la pobreza en México. Un estudio realizado por el Banco Mundial señala que la pobreza en nuestro país está por arriba del promedio mundial: 65 millones de mexicanos subsisten con menos de 2 dólares diarios y 15 millones de ellos apenas si reciben un dólar al día. En cuanto a los salarios, según las mismas cifras oficiales, se han reducido en alrededor de 20%, en términos reales, durante el actual período presidencial.
Los programas de ayuda al campo, como el PROGRESA y el PROCAMPO, no han ayudado a resolver los niveles de pobreza. Su función ha sido fundamentalmente electoral. La única cosecha de esos programas es la de votos para el partido en el poder, hasta ahora el PRI.
Las cifras macroeconómicas de altos crecimientos de la economía, de una revaluación del peso y un control relativo de la inflación, por lo menos hasta finales de esta administración, no se han traducido en una mejora real de los niveles de vida de las familias mexicanas. Los altos crecimientos en el período preelectoral -primer semestre del 2000- sólo se tradujeron en aumento del consumo y de importaciones para los segmentos de mayor poder adquisitivo de la población. Los incrementos del consumo durante el año 2000, más que ser indicadores de una economía sana, lo son de un recalentamiento de la economía por políticas monetarias populistas y electoreras.
En cuanto a bienestar y salarios, el saldo del actual gobierno -con las consiguientes herencias y fallas heredadas de sexenios anteriores- es negativo, dejándole a la siguiente administración varios desequilibrios latentes y retos de magnitudes mucho mayores a las que se vislumbran si sólo le prestamos atención a las cifras y a los discursos oficiales. Por otro lado, “el bienestar para la familia”, eslogan del actual gobierno, nunca llegó a la gran mayoría de los hogares mexicanos.
© AIPE
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Luis Pazos es director del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa.

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