El Ministerio de Economía se ha puesto manos a la obra. "Todo el sistema impositivo está en revisión". El nuevo objetivo que se ha marcado el Gobierno es aumentar la recaudación fiscal "como sea" a partir de 2010 para tratar de reducir al máximo el desequilibrio presupuestario (la diferencia entre ingresos y gastos del Estado). Y es que España cerrará este año con un déficit público próximo al 10% del PIB, unos 100.000 millones de euros.

El tiempo apremia. Las directrices de Bruselas son claras en esta materia. Para 2012, los países miembros de la zona euro deberán recuperar la estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, el déficit no deberá superar el 3% del PIB, tal y como establece la UE. En caso contrario, habrá graves consecuencias.

El problema es que, en la actualidad, el Gobierno está gastando el doble de lo que ingresa. El déficit y la deuda pública aumentan a un ritmo récord, como resultado del ya famoso Plan E. Un "estímulo" a base de dinero público que ha tenido un efecto nulo sobre la economía, pero que está siendo nefasto para las cuentas públicas.

Los miles de millones invertidos en el rescate de las inmobiliarias y promotoras no impedirá el colapso que vive el sector; los 5.000 millones de euros para ayuntamientos constituyen un despilfarro sin parangón y, pese a ello, el Gobierno prepara un segundo plan de similares características para el próximo año; las ayudas públicas para la compra de vehículos, o el nuevo subsidio de Corbacho para parados sin prestación son las últimas medidas que se suman a esta suerte de despropósitos.

El Gobierno vende a la ciudadanía que estos planes servirán para ayudar a los más necesitados y paliar la recesión que vive el país. Por desgracia, no sólo no servirán de nada sino que, además, pasarán una factura difícilmente cuantificable para los contribuyentes. Economía prepara una amplia reforma fiscal en la que revisará al alza numerosos tipos impositivos: nuevos impuestos verdes, aumento de tributos indirectos y subida del IRPF a las rentas altas (más de 60.000 euros al año).

No se dejen engañar. La clase media sufragará el coste del rescate económico ideado por Zapatero. Los contribuyentes con rentas brutas anuales comprendidas entre los 10.500 y 39.000 euros son los que abastecen de recursos al Fisco. Entre ambos tramos se concentra el 65,6% de los contribuyentes y el 56,5% del total de la recaudación por IRPF, según los datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2007. Las rentas superiores a 60.000 euros únicamente representaron el 4,3% de las liquidaciones del IRPF, y apenas el 20% de la recaudación total.

De este modo, es evidente que la reforma fiscal afectará, sobre todo, a las rentas medias. No obstante, el contribuyente medio es mileurista y paga unos 4.000 euros al año en IRPF. Nada extraño si se tiene en cuenta que 18,3 millones de trabajadores (el 63% del total) perciben unos ingresos brutos mensuales inferiores a 1.100 euros mensuales.

De momento, Economía ya ha subido los impuestos del tabaco y la gasolina, ha eliminado la deducción por compra de vivienda habitual, ha endurecido las inspecciones fiscales a empresas y autónomos y presiona a Interior para que recaude más multas de tráfico.

A continuación, será el alcohol, el IRPF, el IVA y nuevas figuras impositivas las encargadas de incrementar por vía fiscal los deteriorados ingresos del Estado. De este modo, el ciudadano medio, además de tener que seguir pagando las facturas y las letras de la hipoteca, con la incertidumbre de quedarse en paro, tendrá que soportar un significativo incremento de la presión fiscal. Los trabajadores y empresas serán castigados por el Gobierno en 2010.

Dicha reforma tan sólo retrasará la recuperación económica. En un momento en el que familias y empresas se esfuerzan por saldar deudas y aumentar sus tasas de ahorro, el Ejecutivo ha incurrido en el mayor despilfarro de dinero público de las últimas décadas y, por lo tanto, contrarresta el positivo desapalancamiento iniciado por los agentes privados.

Y todo ello, sin tener en cuenta que el mayor volumen de gasto público aún está por llegar. Se trata del rescate bancario. Más de 90.000 millones de euros, según la estimación inicial de Economía (FROB) –que será más– para salvar a entidades financieras insolventes.