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Las mentiras de las batas blancas

Son nuestros intocables y están en rebeldía contra la razón, la experiencia, la sostenibilidad del sistema sanitario y la salud de los madrileños.

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Mirada desde una perspectiva europea, la rebelión madrileña de las batas blancas es algo incomprensible, al menos si uno se toma en serio los argumentos usados para justificarla. La colaboración público-privada no solo es la regla en Europa, sino que en el resto del continente es muchísimo más amplia que lo que recoge el tímido plan de reformas propuesto por la Comunidad de Madrid. Esto es así especialmente en los países más exitosos en materia sanitaria, como Holanda y Suecia.

Holanda es el país que encabeza el ránking europeo de excelencia global sanitaria del prestigioso Health Consumer Powerhouse (2012); España se encuentra en un triste 24º puesto, de 34. En Holanda, tanto la financiación (cajas aseguradoras) como la prestación de servicios es de gestión privada. Lo que el Estado hace es regular y controlar, dejando que el resto lo hagan profesionales (incluyendo, por cierto, empresas con ánimo de lucro). En Suecia, país líder en cuanto a resultados médicos y que en 2010 gastaba en sanidad el mismo porcentaje del PIB que España (9,6%), no solo se acepta sino que se fomenta una amplia gestión privada tanto en la atención primaria como en la especializada, sin excluir entidades con ánimo de lucro, que son las más comunes y las que más dinamismo han dado al sector sanitario sueco (Capio, que es una empresa de origen sueco, es el mejor ejemplo de ello). El Estado garantiza el acceso universal e igualitario a la sanidad, que por otro lado financia, regula y controla.

En ninguno de estos dos países líderes existen funcionarios públicos (y menos de esos vitalicios que tenemos en España) involucrados en la prestación de servicios sanitarios. En Suecia, los empleados del sector sanitario público son trabajadores como todos los demás, regidos por las mismas leyes; lo mismo ocurre en muchos otros países con una sanidad de cobertura universal y alta calidad, como los demás de Escandinavia, Alemania, Suiza y el Reino Unido. En estos países la categoría de funcionario está reservada a quienes desempeñan las funciones privativas del Estado; no son funcionarios ni los profesores, ni los médicos, ni las enfermeras ni los trabajadores sociales, por poner ejemplos bien relevantes.

Según los argumentos de las batas blancas madrileñas, todo esto debería haber hundido la sanidad públicamente garantizada en todos los países nombrados; pero ni de cerca es así, y las batas blancas lo saben. Y saben también que no están defendiendo la salud pública, ni la universalidad de los servicios, ni –menos aun– su calidad. No están en lucha por la gente, sino por ellos mismos y su estatus funcionarial. No son altruistas y sus mentiras no son blancas. Quieren seguir parapetados en el privilegio del empleo vitalicio y en la comodidad de no ser evaluados, cuestionados ni exigidos. Son nuestros intocables y están en rebeldía contra la razón, la experiencia, la sostenibilidad del sistema sanitario y –en no menor medida– la salud de los madrileños.

Mauricio Rojas (Santiago de Chile, 1950), exmiembro del Parlamento sueco y profesor adjunto de Historia Económica de la Universidad de Lund (Suecia).

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