Es doloroso –y peligroso– lo poco que aprendemos de la historia, incluso cuando se trata de la historia más reciente. Hace apenas un año, unas acusaciones de "violación" provocaron una histeria propia de turbas dispuestas al linchamiento colectivo tanto en el campus de la Universidad de Duke como en gran parte de los medios progresistas. Mientras, los profesionales del oportunismo racial invadían la ciudad de Durham, hogar de la universidad, y los extremistas de la comunidad negra local se encargaban de agitar un tribalismo insensato.
Este año hemos descubierto todos que el caso no era más que un completo fraude de principio a fin. Pese a ello, ahora tiene lugar un estallido similar de sectarismo sin sentido y otro intento de imponer la ley de la calle, promovido por veteranos de la histeria del año pasado como Jesse Jackson.
Esta vez el lugar del crimen es Jena, Luisiana. El asunto es el procesamiento de un estudiante negro de instituto acusado de patear a un estudiante blanco inconsciente y la ausencia de una acusación criminal contra los estudiantes blancos que colgaron una soga en un árbol, y que fueron castigados por la escuela. La destreza de los progresistas para la equivalencia moral se perfeccionó tanto durante los largos años de la Guerra Fría que han convertido esto en un caso de "trato desigual" debido al racismo, como si colgar una cuerda de un árbol fuera equivalente a dar patadas a alguien que está inconsciente.
El estudiante negro fue encontrado culpable pero el veredicto fue revocado en la apelación, no porque lo consideraran inocente sino porque estimaron que no debería haber sido juzgado como adulto. El procedimiento legal normal sería juzgarlo de nuevo, pero esta vez como menor. Sin embargo, lo que suele hacer siempre la ley no es lo bastante bueno para aquellos que han aprovechado la oportunidad para explotar una vez más el tema racial, mandando al infierno las cuestiones sobre culpabilidad o inocencia o procedimientos legales.
La exigencia inmediata de las turbas que se han movilizado en todo el país para invadir la pequeña ciudad de Jena es que el joven al que se encontró culpable de un delito grave debe ser puesto en libertad bajo fianza a la espera del segundo juicio. Legalmente, la pregunta que habría que hacer es si la persona a quien se deja en libertad bajo fianza es probable o no que se deje ver por la zona cuando tenga lugar el segundo juicio. Pero nadie está debatiendo en serio sobre eso, pues la explotación del tema racial ha sustituido a todo argumento racional posible.
Además, el episodio de Jena ha demostrado que en ese juego pueden participar dos. Los neonazis han publicado los nombres y direcciones de todos los jóvenes negros involucrados en el incidente de la escuela. El eslogan "Si no hay justicia, no hay paz" ha sido empleado como justificación para dirimir los asuntos legales en la calle y no en los juzgados. Los neonazis han ayudado a demostrar ahora lo peligroso que puede ser un eslogan, ya que personas distintas pueden tener ideas contrapuestas de lo que significa "justicia" en una situación concreta.
Mucho después de que los manifestantes de importación se hayan ido y los medios nacionales hayan perdido el interés, las familias de los jóvenes negros involucrados en el altercado escolar tendrán que vivir sabiendo que han perdido tanto su seguridad como su privacidad en una comunidad racialmente polarizada, con elementos vengativos. Lo último que necesita el Sur es el regreso de una justicia al estilo de los linchamientos, sea cual sea el color de quien lo promueva.
Allá por los años 50, cuando los tribunales federales comenzaron a derribar las leyes de Jim Crow en el Sur, una de las reivindicaciones que más peso adquirieron en todo el país fue que los discriminadores y los segregacionistas obedecieran la "ley vigente". Pero, en alguna parte del camino, también surgió y se extendió la idea de que no todos tenían por qué obedecer esa "ley vigente".
Las violaciones de la ley por parte de personas con un estatus aprobado de víctima –por ejemplo, las minorías raciales o los paladines moralistas como los ecologistas– debían encontrarse con una respuesta mínima, si es que había alguna, y cualquier castigo que fuera más lejos de un tirón de orejas se consideraba "sobrerreaccionar”.
Los campus universitarios se convirtieron en bastiones de la nueva y bien vista ley de la calle, siempre y cuando quienes la ejercieran procedieran de la lista de grupos aceptados como políticamente correctos. De lo contrario, hasta una observación imprudente puede acarrear una represalia rápida y certera bajo los "códigos de lenguaje".
La política de tolerar la violación de la ley forma parte de la podredumbre moral de nuestros tiempos. También lo es zanjar disputas en la calle con la excusa racial en lugar de hacerlo en los tribunales mediante la ley.
