Ante el impago reiterado de las indemnizaciones derivadas de los arbitrajes internacionales sobre renovables, los acreedores del Reino de España han dado un paso más en su estrategia de presión y han activado en los últimos días el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht —Países Bajos—. Se trata de un inmueble valorado en torno a los 10 millones de euros que pasa a formar parte del conjunto de activos perseguidos por las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las energías verdes, después de que estas hayan logrado laudos firmes favorables frente a España y se hayan encontrado con la negativa del Ejecutivo a satisfacer dichas obligaciones.
Fuentes consultadas por Libertad Digital apuntan a que los despachos que representan a los inversores han identificado ya más de 400 activos de titularidad española en el extranjero, entre propiedades inmobiliarias y posiciones financieras, susceptibles de ser objeto de embargo. El objetivo de estas actuaciones es doble: resarcir a los afectados y forzar una solución ante un volumen de impagos que ya supera los 2.300 millones de euros.
El marco jurídico permite desplegar estas medidas en cualquiera de los 158 Estados adheridos al Convenio del Ciadi —el mecanismo de arbitraje del Banco Mundial que ha fallado a favor de cerca de una treintena de compañías perjudicadas—. Sin embargo, la ejecución efectiva exige un paso previo: el reconocimiento de los laudos en los tribunales nacionales donde se pretende actuar. En este terreno, los acreedores han ido acumulando victorias en jurisdicciones clave como Australia, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido o Singapur.
El primer gran precedente llegó en febrero de 2023, cuando el Tribunal Supremo británico autorizó el embargo cautelar del derecho de cobro de la indemnización vinculada al desastre del Prestige, valorada en más de 900 millones de euros. Apenas dos meses después, en abril, la High Court dio luz verde a la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Londres, situada en Devereux Court y tasada entre 5 y 10 millones de euros.
Ese mismo mes, la justicia británica extendió las medidas a otra propiedad en Fleet Street, sede de la oficina exterior de la Generalitat de Cataluña (Acció), con una valoración estimada de entre 3 y 5 millones. Poco después, en agosto de 2023, se autorizó el embargo del edificio que alberga el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en Portobello Road, un activo de alto valor —en torno a 15 millones— que también incluye instalaciones de la UNED y del propio Cervantes.
La ofensiva continuó en noviembre de 2023 con la autorización para intervenir cuatro cuentas bancarias del Estado español en Reino Unido, con un saldo cercano a los 800.000 euros, depositado en la filial británica del Banco Santander. Ya en 2024, el foco se desplazó a Bélgica, donde los acreedores solicitaron la incautación de los pagos de Eurocontrol a Enaire. Lo que inicialmente se planteó como una reclamación de 32 millones vinculada al caso Infrared ha derivado en una cifra muy superior: a comienzos de 2026, el importe retenido alcanzaba ya los 482 millones de euros.
En paralelo, los tribunales británicos autorizaron en julio de 2024 el embargo parcial de los derechos económicos de AENA sobre el aeropuerto de Luton. Aunque inicialmente se planteó sobre el 51% del activo, la intervención se limitó al 26%, en línea con la participación efectiva del Estado. Dado que el aeropuerto genera beneficios anuales en torno a los 100 millones, el impacto potencial de esta medida se situaba en unos 25 millones anuales, si bien las partes acordaron posteriormente retirarla para facilitar la negociación.
Otro frente abierto es el denominado default técnico sobre deuda soberana, derivado de la intervención de varios bonos del Estado por valor de hasta 237 millones. Los acreedores activaron cláusulas contractuales que permiten declarar el incumplimiento ante la falta de pago, poniendo en riesgo flujos de cupones cercanos a los 1.000 millones. Distintos análisis estiman que el efecto agregado sobre la economía española —vía encarecimiento de la financiación y deterioro del acceso al crédito— podría superar los 7.300 millones de euros.
Más recientemente, en abril de 2026, se ha abierto un nuevo capítulo con el inicio de procedimientos de discovery en Estados Unidos para localizar activos embargables. En este contexto, incluso la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026 ha entrado en el radar de los acreedores, que ya han cursado requerimientos judiciales a entidades como FIFA, Adidas, Hilton o el Baylor College, donde se alojará la selección durante la fase de grupos.