Lo que el canon oculta

El jueves llegó la hora de la verdad y se vio que, cuando llega la votación que realmente cuenta, todos los partidos menos el PP, ICV (que ha votado al revés que sus compañeros de grupo de IU) y CC prefieren defender los privilegios de la SGAE y otras entidades de derechos de autor a ponerse del lado del conjunto de los ciudadanos. El canon se mantiene. Es normal, el apoyo de cantantes, actores y demás "culturetas" es algo muy valioso para el frente anti-PP formado por el PSOE y sus aliados.

Pero todo el debate del canon y la chulería de la ZGAE, que ha hecho que la atención sobre la votación de la LISI se centre en este punto, ha tenido además el efecto nocivo de ocultar otras cuestiones muy importantes. En especial, ha permitido que no se hable de la amenaza para la libertad de expresión en la Red que supone esta norma. Afortunadamente, y ante lo escandaloso que resultaba dar ese poder censor a los Teddy Bautista Boys, se retiró el artículo 17 bis de la norma, que otorgaba a las entidades de gestión de derechos de autor un poder increíble, que les hubiera permitido ordenar la retirada de contenidos de una web u obligar a los proveedores a desconectar a un usuario.

Sin embargo, se mantiene el artículo 11. Este permite que una autoridad administrativa ordene el cierre de un sitio web siempre que esta medida "no atente" contra la libertad de expresión. En primer lugar, en ningún lugar se dice quién decide cuando existe dicho atentado contra una libertad tan importante como la contemplada en el Artículo 20 de la Constitución Española. Si no se aclara que son los tribunales de Justicia los únicos capacitados para hacerlo, puede ocurrir que sea la misma autoridad que ordena la retirada de unos contenidos determinados la encargada de decidir si esa orden es contraria a la libertad de expresión.

Además hay que tener en cuenta que cualquier web puede ser equiparada a una publicación en papel o a un medio de comunicación audiovisual (según el tipo de contenidos que contenga), o incluso a una mezcla de ambos. De esta manera, cualquier sitio de Internet merecería las mismas garantías respecto a la libertad de expresión que otros tipos de medios. Sin embargo, ni el Ejecutivo en su propuesta de Ley ni el Legislativo durante la tramitación y aprobación de la LISI ha tenido en cuenta esta posibilidad, que dejaría la posibilidad de retirar contenidos de la web tan sólo en manos de los jueces.

El mantenimiento de la compensación por copia privada es grave, pero lo que el canon (o el debate sobre el mismo) oculta también. Con esta ley, los españoles hemos perdido libertad de expresión.