"Justicia diferida es justicia denegada", reza el adagio. Nunca había venido más a cuento que ahora que se está conociendo el horrible caos judicial que provocó que un criminal que abusó sexualmente de su propia hija y fue condenado en firme por ello siguiera en la calle para poder asesinar a Mari Luz Cortés cuando debía haber sido encarcelado ya en 2006. Santiago del Valle estaría ahora en prisión de no haber sido por el juzgado de Rafael Tirado, que no ejecutó la sentencia
El juez alega que la baja de una funcionaria y la falta de un reemplazo por parte de la Junta de Andalucía provocaron un retraso en su juzgado que impidió ejecutar la sentencia. Desgraciadamente, sin entrar a valorar si es cierto o falso, ni excusar al juez Tirado aun cuando fuera verdad, es una excusa de lo más plausible. Los tribunales están saturados de trabajo y de casos pendientes y no ha de resultarnos extraño que uno se traspapele. Normalmente no nos enteraríamos a no ser que fuéramos los afectados. Son las consecuencias trágicas de este error concreto lo que nos hace llevar las manos a la cabeza por el estado de una administración de justicia anquilosada y colapsada.
De esta situación no son ajenos los políticos que, cada vez que reforman el Código Penal, sea mucho o poco, suele incluir una disposición transitoria que obliga a revisar todos los casos afectados por los cambios, para aplicar al reo una pena más favorable si el nuevo código así lo estipula. Así se hizo, por ejemplo, con la criminalización del exceso de velocidad impulsada por Rubalcaba. Cuando esto sucede, los juzgados ya de por sí colapsados se ven obligados a revisar miles de casos por culpa de unos políticos cuyo único propósito es sentirse bien rebajando penas a delincuentes ya condenados pese a que el precio incluya la saturación.
Esta costumbre forma parte de ese mismo buenismo favorable siempre al delincuente y no a la víctima que también provoca que alguien que abusa de su propia hija sea condenado a sólo dos años y ocho meses de cárcel. Puede que Santiago del Valle hubiera estado en prisión en lugar de asesinando a Mari Luz Cortés si la Justicia hubiese funcionado, pero también lo es que no habría tardado mucho en salir de ella de todos modos, y hubiera podido volver a las andadas con facilidad. Quizá aún lo haga, dentro de un par de décadas.
Pero no sólo el progresismo en materia de justicia y delincuencia ha puesto su granito de arena para que ahora tengamos que lamentar el asesinato de una niña. Cualquier empresa, por pequeña o pobre que sea, gestiona mejor lo suyo que nuestros tribunales. No digamos ya las compañías de un tamaño comparable al de nuestro sistema de administración de justicia. ¿Qué empresa sobreviviría actualmente en el mercado si todo su papeleo fuese aún eso, papeleo?
Por más que muchos jueces y funcionarios puedan resistirse a la implantación, empieza a ser imprescindible la creación e imposición de uso en los juzgados de toda España un sistema informático que, por ejemplo, cuando un delincuente esté dado por desaparecido los juzgados donde se le impone una orden de alejamiento o a los que ha de acudir cada quince días sean avisados automáticamente de esta situación, estén en la otra punta del país o en el mismo edificio. Es una necesidad que debería unir a políticos, jueces y funcionarios en pos de una solución. Para que no tengamos que lamentarnos otra vez más.
