El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha decidido continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. El ex secretario general de UGT, Manuel Pastrana, no va a ser procesado provisionalmente por razones de salud y otras siete personas más en las que no encuentra indicios de delito.
Comienza así la fase judicial final de las informaciones aportadas en exclusiva por Libertad Digital desde 2013 a la que se unieron meses después otros medios y en las que se daba cuenta de un gran número de irregularidades perpetradas por los dirigentes sindicales de UGT en Andalucía.
En la resolución el juez concluye que "el cómputo global de las cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria "asciende a 40.750.047,74 euros".
En su auto de ayer, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
El auto se refiere a los investigados son el exvicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
En su relato de los hechos que recoge la nota del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juez indica que en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, "se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias".
Además, anota que "la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido", como es "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".
Según el juez, "en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato".
El magistrado analiza "las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito", como son el mecanismo llamado rappel, "por el que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa".
Un segundo mecanismo fue el del denominado ‘bote’, sistema por el que UGT-A "se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas" que "no corresponderían a servicio prestado alguno" pero que "eran imputadas a programas subvencionados".
Como tercera "vía de financiación fraudulenta", el juez señala que el sindicato "habría efectuado la cesión en usufructo de locales de su propiedad" a la sociedad mercantil Soralpe I Mas P Asociados S.L. –de la que UGT-A era socio único– "mediante contratos elevados a público entre dichas empresas".
De este modo, organizó un "mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que en realidad eran gestionadas por entes vinculados a UGT, que no generaban realmente un gasto".
Resalta la labor de Federico Fresneda, extesorero secretario de Administración de UGT Andalucía, "en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A," ya que "servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica", una labor en la que además "contaba con el apoyo directo" del exvicesecretario de Organización y exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión Económica y de la responsable del Departamento de Compras.
En el auto precisa que "para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración" de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, "prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes" del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes "se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención".
A continuación, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones analizados en este procedimiento, precisando que, "para la cuantificación de los importes defraudados en cada expediente", se parte de las conclusiones del informe pericial emitido por un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la documentación obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe emitido a instancias de la defensa del investigado Francisco Fernández Sevilla.
"El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros", pone de manifiesto el juez en el auto notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento y contra el que cabe recurso.