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Andalucía

Carmen Ibanco usó programas informáticos cuyas claves son de acceso exclusivo a funcionarios

En la Comisión de Investigación afirmó no haber realizado nunca tareas relacionadas con potestades públicas.

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En la Comisión de Investigación afirmó no haber realizado nunca tareas relacionadas con potestades públicas.
Carmen Ibanco, esposa de Juan Espadas. | Alfredo de Anca/Europa Press

Carmen Ibanco fue contratada de manera singularmente acelerada por la FAFFE en enero de 2007 y pasó a formar parte del personal que trabajaba en las dependencias de la Consejería de Empleo, situada en la antigua sede de Hytasa, fábrica de hilaturas de Sevilla, en la avenida del mismo nombre. Ello implica que el personal de la FAFFE, una Fundación externa, tenía asiento y puestos en la Consejería de Empleo años antes de haber sido incorporada a la nueva Agencia Servicio Andaluz de Empleo, con un uso confuso de medios y presupuestos.

Según fuentes sindicales, su tarea, desde el principio y al menos hasta 2014, fue la de controlar a todo el personal del Servicio Andaluz de Empleo, y, seguramente, de toda la Consejería. Ello significa que una persona ajena a la Consejería en aquel momento y que no era funcionaria era quien controlaba a todo el personal, funcionarios de carrera incluidos.

Ibanco, careciendo de potestad administrativa, potestad reconocida por el Tribunal Supremo en 2016 y 2019 exclusivamente a funcionarios, era quien ejercía el control de todo el personal de su ámbito administrativo lo cual le exigía la continua utilización de programas informáticos cuyo acceso mediante claves autorizadas por la Administración de la Junta está reservado a funcionarios.

Sin embargo, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación dijo que nunca realizó tareas de esa índole. Europa Press lo recogió de este modo: "Ha agregado que jamás ha hecho tareas relacionadas con potestades públicas, que sólo pueden hacer funcionarios." Pero o bien desconocía qué son las potestades públicas o evitó decir que su trabajo las exigía.

Igualmente, la comunicación con los empleados públicos se hacía mediante el uso sistemático de correo electrónico, motivo por el cual, además del programa Word Perfect, Ibanco hizo referencia a su atención a tal correspondencia. La información de los datos y documentos acreditativos del personal le llegaba a su ordenador habitualmente por ese medio.

El control se ejercía, como recuerda la Cámara de Cuentas en un informe específico de 2009 relativo a uno de los programas informáticos utilizados para tal fin, el Sirhus, sobre todo el "personal funcionario, eventual, interino y estatutario, así como a todo el personal que tenga una relación laboral con la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía."

Igualmente, es de resaltar que desde un principio su tarea no tuvo nada que ver con su currículum, en el que la interesada hizo especial referencia a su especialización en la ayuda a la búsqueda de empleo o a la implantación de las políticas activas de empleo.

La primera jefa que se encontró en el Servicio Andaluz de Empleo, entidad a la que fue adscrita a pesar de ser personal de la FAFFE, fue Teresa Antrás Franco, actualmente en el Servicio Andaluz de Salud. Precisamente y, según tales fuentes sindicales, que Ibanco se dedicara al control del personal fue objeto de indignación e incluso de denuncia porque no se limitaba al control del personal FAFFE sino asimismo a funcionarios y laborales de la Consejería de Empleo.

Uso de programas para control del personal

Para el control del personal, Ibanco no tuvo más remedio que usar los dos programas informáticos esenciales de que la Junta de Andalucía dispone para hacerlo. Uno, es el programa Sirhus, un sistema integrado de control para los recursos humanos y el otro, es el programa Crono, que controla las fichas de entrada y salida y, en general, la asistencia de los empleados públicos al trabajo.

En la Junta de Andalucía se contempla al Sirhus como "un sistema aplicable a todo el personal de la Junta de Andalucía. Así, el preámbulo de la orden de 1999 señala que es "un sistema de información único para todos los colectivos de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

Teniendo en cuenta que los actos derivados del tratamiento de datos mediante el Sirhus eran considerados actos administrativos, puede concluirse que los usuarios del mismo sólo podrían ser quienes tienen como carácter laboral básico disponer de potestad administrativa, esto es, ser funcionarios de carrera y oposición.

En todo caso, para ser usuario del programa Sirhus, Carmen Ibanco tuvo que disponer de las claves adecuadas para el acceso al mismo, lo que implicaba tener conocimiento de datos personales muy privados, desde el DNI a las nóminas. Dado que los testimonios recabados aseguran que usaba tales programas, o bien alguien le facilitó unas claves adecuadas de manera irregular o bien tuvo que usar "claves prestadas" por alguien.

En su auditoría de 2009, la Cámara de Cuentas consideraba que el Sirhus tenía información sobre más de 60.000 nóminas y eso que, en aquel momento, ni las empresas públicas andaluzas ni determinadas áreas de la administración estaban controladas por el programa en el que la Junta ha invertido muchas decenas de millones de euros (más de 40 hasta 2009).

Otro de los programas usados por la Junta en general y, curiosamente, por las Consejerías individualmente y algunas agencia como Andalucía Emprende y otras, es el programa Crono, que es el que permite controlar la asistencia al trabajo de los empleados públicos, así como sus horarios, ausencias, permisos, vacaciones y demás incidencias propias de su tarea.

Igualmente, dado el carácter reservado y personal de los datos contemplados en este programa, los actos administrativos a que daba origen debían entrar dentro de las potestades administrativas de los funcionarios y así lo considera el Sindicato Andaluz de Funcionarios.

Según las fuentes consultadas por LD, Carmen Ibanco tuvo permiso para acceder a estos programas sin ser funcionaria y sin tener claves propias de acceso a los mismos al menos hasta 2014, fecha en la que la Consejería, menos el personal de la FAFFE, fue trasladada al edificio Bleunet de la Isla de la Cartuja en Sevilla.

Las contrataciones del uso del programa Crono

El programa Crono forma parte del activo de la empresa Elelog, SL que, según Infocif, pertenece al sector de las Consultorías y que tiene sede en Mairena del Aljarafe (Sevilla).Su administrador único es David Ragel Díaz Jara, un ingeniero informático, familiar, según las mismas fuentes sindicales, de Pilar Ragel, jefa de servicio de personal de la Junta de Andalucía.

Hasta hace un año, la forma de contratar este programa de control de personal no estaba centralizado sino que cada consejería o ente público o empresa pública lo hacía por su cuenta.

Por ejemplo, todavía en 2017, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo adjudicó a la empresa Elelog un contrato anual por un importe de 21.778,79€. En diciembre de ese mismo año, la Consejera de Cultura contrató el uso del mismo programa por 16.849,59€. Como se ve, siempre con la cualidad de contratación menor.

Además, había contratos de mantenimiento, además del contrato de uso. Por ejemplo, la entidad Andalucía Emprende contrató tal mantenimiento con Elelog, SL por un importe de 4.520,22€. Pero los servicios de soporte y mantenimiento del sistema de control de presencia Crono de la Junta de Andalucía, fueron contratados a Elelog SL por la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL) en mayo de 2017 nada menos que por 250.457,90€.

La misma sociedad Sandetel contrataba además en 2015 el servicio y gestión del sistema de control de presencia Crono para la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio por un importe de 42.437,12€ .

Cuando menos parece poco inteligible una contratación tentacular de ese tipo en vez de propiciar una contratación global para el conjunto de la Junta de Andalucía y todos sus organismos. De lo anteriormente expuesto se deduce que los ingresos de Elelog, SL por su programa informático Crono han debido situarse en más de un millón de euros desde la primera fecha de su contratación.

A pesar del costo, el sistema de control no parece del todo fiable puesto que pudo "engañarse" mediante otros programas como Team Viewer. Contó La Voz de Cádiz que en 2013 un trabajador de la fundación Andalucía Emprende de la Junta de Andalucía en Córdoba acudió a juicios como abogado sin que sus jefes se percataran de su repetida ausencia.

A pesar de despedir al trabajador, el juez de lo Social censuró "la clamorosa ineficacia" de Andalucía Emprende "a la hora de controlar a su personal", puesto que en el aplicativo Crono constaba que estuvo toda la jornada en su trabajo cuando "esa misma mañana asistió a un juicio» en otra ciudad «sin tener, como ninguno de los mortales, el don de la ubicuidad".

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