La semana pasada el Tribunal Supremo ratificaba las condenas de la Audiencia Provincial de Sevilla de hace tres años a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, en lo que se conoce como pieza política del mayor caso de corrupción de la historia en España: el conocido como caso de los ERE, una macrocausa complejísima con una de las instrucciones más larga y lenta de la historia judicial española.
Lo cierto es que la ratificación del Supremo es un auténtico mazazo para el PSOE, que a través de sus terminales mediáticas trata de parar el golpe que suponen las altas condenas a miembros que han sido tan relevantes dentro del partido. Y lo peor es que augura un otoño caliente judicial... y más allá.
La sentencia del TS hace de paraguas, por decirlo de una forma gráfica, del resto de piezas (133) que aún no se han juzgado. Al considerar el TS ilegal el procedimiento fraudulento que puso en marcha la Junta, todo lo que cuelga de ese procedimiento siguiendo ese sistema es más probable que acabe terminando en condena y facilita la instrucción de tantas piezas pendientes. Por el contrario, una absolución en el TS habría dejado tocadas el resto de piezas —60 todavía en fase de instrucción y otras tantas pendientes de juicio—, y todo el proceso pendiente habría quedado claramente afectado. En definitiva, si el Alto Tribunal hubiese considerado legal el sistema de concesión de ayudas de los ERE ideado por la Junta, toda la macrocausa habría quedado reducida a los "cuatro o cinco golfos" que, según la tesis de Manuel Chaves seguida con entusiasmo por su partido y medios afines, se aprovecharon de un sistema benéfico diseñado para conseguir la paz social y ayudar a los desfavorecidos.
No obstante, y como ya hemos contado en Libertad Digital, fuentes jurídicas próximas al caso prevén una "avalancha" de acuerdos antes de llegar a juicio para evitar, sobre todo, el ingreso en prisión, tras las condenas por malversación que recoge la sentencia ratificada por el Supremo. Eso sí: lo interesante de que se produzcan esos acuerdos antes de llegar a juicio es que se tienen que hacer, sí o sí, reconociendo la culpabilidad.
Si esto fuese finalmente así, se vendría abajo también, por otra vía, la tesis de que los que habrían cometido corrupción en este caso fueron sólo esos "cuatro o cinco golfos", porque el requisito inexcusable es que los acusados que quieran llegar a un acuerdo reconozcan que cometieron un delito.
Empresas e intermediarios
Además de la pieza política, la macrocausa de los ERE está formada por otros dos grandes bloques: el de las empresas que recibieron las ayudas públicas; y el bloque de los intermediarios, donde estarían incluidos las aseguradoras, abogados y sindicatos que cobraban suculentas comisiones. Los imputados en estas piezas superan los 500, a los que habría que añadir la responsabilidad de los que se consideran partícipes a título lucrativo.
En el segundo de esos bloques, el de las empresas, cada una es una pieza. Y son unas 180, pero 60 se han archivado —bien por prescripción o porque no se ha concluido que hubiesen incurrido en delito alguno— y la mayoría continúan en fase de instrucción. De este bloque de empresas, tres han tenido juicio, y en uno de ellos fue condenado a año y medio de prisión por las ayudas públicas para empresas del corcho el excalcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del que fuera presidente de la Junta de Andalucía entre 1984 y1990, José Rodríguez de la Borbolla, Pepote para los amigos. Como dato curioso, el propio José Antonio Griñán pidió que se imputase al hermano de Pepote por los más de cinco millones en subvenciones directas que recibió una de las tres empresas participadas por él.
El chófer de la coca
De esos bloques de empresas e intermediarios que forman la macrocausa, hay una decena de piezas que están listas para juicio y pendientes de fecha. Entre las que seguramente concitarán el foco mediático está la que afecta al chófer del que fuera director general de Trabajo en la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales con Manuel Chaves de presidente de la Junta, Francisco Javier Guerrero —fallecido de un infarto en octubre de 2020—, el conocido como chófer de la coca porque reconoció que gastó gran parte del dinero público que recibió —1,5 millones— en cocaína y juergas... y antigüedades.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha reservado para la vista oral contra Juan Francisco Trujillo —que así se llama el chófer— varios días a partir del próximo 5 de septiembre.
Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, que pide 14 años de cárcel para Trujillo, el fallecido Guerrero y su chófer a fin de "poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos" que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo, "idearon la constitución" de sociedades mercantiles "para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos".
El 'conseguidor' Lanzas
El tercer bloque, el de los intermediarios entre la Junta de Andalucía que daba el dinero y las empresas que lo recibían —formado por aseguradoras, abogados y sindicatos que se embolsaban comisiones sobredimensionadas— también está a la espera de que se fije fecha para el juicio.
Y en este bloque está otro de los imputados más mediáticos, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, más conocido como el conseguidor de los ERE, del que su madre dijo la célebre frase "mi hijo tiene dinero pa asar una vaca", además de contar que "su Juan le metía dinero en su cuenta todas las semanas, en cantidades de entre 20.000 y 25.000 euros".
Lanzas era amigo de Gaspar Zarrías, por entonces todopoderoso cerebro en la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves. El juicio sobre la ayuda de 2,3 millones de euros al laboratorio fotográfico Surcolor, una de las piezas, no la única, en las que el conseguidor Juan Lanzas está procesado, arrancará el 10 de julio de 2023, casi 13 años después de que se iniciara la instrucción del caso.
En definitiva, la confirmación por el Supremo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla augura el inicio de una pesadilla judicial para el PSOE, que se alargará durante meses y años, aunque podría reducirse temporalmente en caso de llegar a acuerdos prejudiciales. Pero bien por avalancha de juicios o por avalancha de acuerdos, va a ser difícil que el PSOE se libre de la mancha de ser el protagonista del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en España. Por mucho que sus portavoces y medios afines intenten quitar hierro al caso.