El expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por malversación según la sentencia sobre la trama de corrupción de los Expediente de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que se estableció durante sus años de gobierno, ya cuenta con un informe oficial del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla que recomienda que no entre en la cárcel.
La defensa del expresidente socialista aportó a finales de diciembre de 2022 distintas pruebas de que Griñán sufría un cáncer de próstata que le impedía entrar en la cárcel el 1 de enero de este año, fecha límite que impuso la Audiencia de Sevilla a los condenados por los ERE. La Justicia pidió que Griñán se sometiera también a un reconocimiento para que se estableciera el alcance de la enfermedad.
El informe forense que ha elaborado el IML ha avalado la suspensión del ingreso en prisión de Griñán por "la no conveniencia de ingreso en centro penitenciario hasta que se confirme la remisión de su patología oncológica", según las fuentes consultadas por Europa Press. Según tales fuentes, dicho informe reconoce que "se trata de una enfermedad muy grave" ante la cual, "dado el pronóstico emitido existen posibilidades de curación", si bien como todavía no ha avanzado el tratamiento prescrito a Griñán en forma de medicación y radioterapia, el Instituto de Medicina Legal precisa que no es posible determinar aún "cuál será su evolución" sanitaria, en un marco en el que actualmente el tratamiento del cáncer es "eficaz en un alto porcentaje de casos salvo los muy agresivos" o en fase terminal.
En este sentido el Instituto de Medicina Legal de Sevilla ha razonado que la entrada en prisión "no ayuda a afrontar una enfermedad de esta entidad, que necesita todos los recursos disponibles que tiene la persona a su alcance", como "un apoyo familiar y social necesario e incluso imprescindible en estos casos". Además destaca que aunque los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias son capaces de afrontar "cualquier demanda médica", pesa la consideración de que "los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia, así como las frecuentes revisiones, parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria".
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha emitido una providencia y ha trasladado el informe del IML tanto a la Fiscalía como al PP y ha habilitado un plazo de tres días para que las partes se pronuncien sobre la petición de la defensa del expresidente socialista para que se suspenda su entrada en la cárcel como ya hicieron la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.