Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo lograron el miércoles un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una "solidaridad a la carta" que permitirá eludir la acogida de parte de los inmigrantes reubicados con alternativas como el pago de una ‘compensación’ por traslado rechazado.
El nuevo paquete de medidas, que aún necesita el visto bueno de la Eurocámara y de los 27 Estados miembros para ser formalizada, pone fin a años de duras negociaciones por encontrar un equilibrio entre la "solidaridad", con los países en primera línea –como España e Italia– y la "responsabilidad" que reclaman a estos otros socios por temor a los movimientos a otros territorios derivados de las llegadas ilegales. El resultado ha sido un mecanismo "flexible" que obligará a los Veintisiete a responder cuando otro estado miembro esté desbordado, pudiendo reubicar en su territorio a los ilegales o pagando una compensación tasada por cada inmigrante que rechace acoger.
Con estas medidas se pretende trasladar a unas 30.000 personas cada año desde los países receptores al resto, y en caso de negarse a la reubicación, tendrán que abonar 20.000 euros por cada traslado rechazado, contribuyendo financieramente a un "fondo solidario" destinado a políticas migratorias, aunque todavía se desconoce cómo será su gestión. El nuevo acuerdo está compuesto por 14 textos legislativos distintos que establecerán un mecanismo claro, más estricto y rápido. Aún así, desde las ONG, como Amnistía Internacional y los países más afectados, como es el caso de España, consideran que el pacto "se queda corto".
En concreto, dentro de nuestras fronteras, Canarias es la zona más afectada por la inmigración ilegal, por sus costas han entrado el 71,78% total de los inmigrantes irregulares. Durante 2023 ha recibido a más de 36.000 personas, una cifra récord muy superior a la que dejó la ‘Crisis de los cayucos’ en 2006, cuando 31.678 ‘sin papeles’ alcanzaron el archipiélago a través de la ruta atlántica. A escasos días de acabar el año, no cesan las llegadas, en las últimas horas Salvamento Marítimo ha rescatado a 248 personas en aguas próximas a las islas.
Canarias ve el Pacto "con preocupación"
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, valora "muy positivamente que por fin Europa se haya puesto de acuerdo en una política comunitaria" después de que hasta el momento cada estado miembro hiciera la suya, y las islas hayan enfrentado "solas" las incesantes llegadas que se han repetido a diario durante todo 2023. Aunque lamenta que el tema de los menores no acompañados "no está solucionado".
"Es evidente que hay bastantes flecos, sobre todo en la atención de los derechos humanos y la garantía de esos derechos de asilo, de aquellas personas que huyen de las persecuciones políticas por carácter sexual o religioso. Como todo (...) es imperfecto".
El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ve el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo con "cierta preocupación" porque hay algunos aspectos en los que "se queda corto". Comenta no estar de acuerdo con el término de ‘solidaridad a la carta’. "Nos gustaría más hablar de corresponsabilidad y de poder dar una solución de continuidad a una situación que no es puntual, que ya es coyuntural".
Adrián Vázquez, diputado del Parlamento Europeo, también califica el acuerdo como "imperfecto" y critica que al Gobierno de Sánchez, que en las "últimas semanas ha tenido más reuniones en Suiza y en Waterloo que aquí en las islas, que es donde debería estar y es un gobierno que no premia a los que cumplen y premian a los que no cumplen".
Vázquez considera que hay elementos que se tienen que solventar como por ejemplo, el "cómo se va a gestionar ese fondo de solidaridad con las regiones, con las comunidades autónomas que reciben el mayor peso de esta ola migratoria, cómo se va a gestionar en términos económicos y en términos de personal humano".