El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha confirmado que su formación promoverá en el Congreso la reprobación del ministro Ángel Víctor Torres, una decisión adoptada durante una reunión en Madrid con los diputados y senadores canarios del partido.
En el encuentro han participado los diputados Jimena Delgado, Juan Antonio Rojas, Guillermo Mariscal, Laura Lima, Carlos Sánchez y Ainhoa Molina, además de los senadores Jaime Morales y Rosa Viera. Domínguez ha explicado que el grupo instará al Partido Popular en la Cámara Baja a activar los trámites para esta reprobación, al considerar al ministro responsable político de los casos vinculados a la trama relacionada con Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama durante su etapa como presidente del Gobierno de Canarias.
El dirigente ha señalado que la Justicia determinará las posibles responsabilidades penales o administrativas, pero ha defendido que la responsabilidad política es, a su juicio, "absoluta e ineludible". Para justificar la iniciativa, ha expuesto cinco motivos que, según ha dicho, evidencian la necesidad de una reprobación parlamentaria.
Referencias al informe de la UCO
Domínguez ha afirmado que el ministro "ha mentido en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento de Canarias y en cada comparecencia pública", aludiendo al contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según ha recordado, el documento recoge reuniones, gestiones e intermediaciones del entonces presidente con empresarios y miembros de la trama, así como diversas contradicciones respecto a su relación con Koldo García y Víctor de Aldama.
Entre los aspectos señalados, ha mencionado la participación del Gobierno canario en la adjudicación de contratos a Megalab, los contactos con empresas vinculadas a la trama y la intervención en facturas de Soluciones de Gestión, además de comunicaciones con funcionarios durante la adquisición de material sanitario.
Domínguez se ha referido también al caso de una funcionaria que trasladó dudas sobre el precio y la calidad de determinadas mascarillas, y ha apuntado que el entonces presidente respaldó a Koldo García en las gestiones para agilizar pagos. Según recoge la nota, el informe ha detallado expresiones como que Torres habría prometido resolver "sí o sí" pagos pendientes, afirmado haber dado "el golpe preciso en la mesa" para desbloquear facturas y asegurado que "hoy dormiré mejor" tras ordenar un pago.
Otras responsabilidades señaladas por el PP
El presidente del PP canario ha añadido que Torres incorporó al Ejecutivo regional al entonces diputado Juan Bernardo Fuentes y a su sobrino Taishet Fuentes, situación que, según indicó, permitió el desarrollo de una trama investigada por delitos como mordidas, estafas y explotación sexual. Domínguez ha afirmado que esta cuestión "provoca vergüenza en Canarias y en toda España" y ha ha insistido en que él habría renunciado "con una sola de estas razones".
A pesar de que la reprobación ha marcado gran parte de la reunión, los parlamentarios canarios del PP abordaron también asuntos relacionados con el futuro del Archipiélago. Entre ellos ha destacado el llamado Decreto Canario, que la formación está dispuesta a apoyar siempre que, según Domínguez, el Gobierno central mantenga íntegramente la propuesta del Ejecutivo autonómico y no la incorpore en otras iniciativas legislativas.
Decreto Canario, Ley de Costas y POSEI
El PP ha planteado además una modificación para reforzar la protección del patrimonio cultural y etnográfico del litoral, con el objetivo de preservar núcleos históricos integrados en el paisaje y asegurar la continuidad de instalaciones como los clubes náuticos.
En el Senado, el partido promoverá una moción para pedir el blindaje del POSEI y la actualización de su ficha financiera. La iniciativa busca aportar seguridad, compensaciones adecuadas y un marco específico dentro de la Política Agraria Común ante la posibilidad de un modelo europeo más centralizado.
Domínguez ha concluido que todas estas actuaciones forman parte de una estrategia conjunta orientada a defender los intereses de Canarias, reforzar la transparencia y exigir responsabilidades cuando proceda.