El actual modelo de gestión de residuos en el archipiélago ha sido objeto de un severo análisis técnico por parte de Íñigo Núñez, presidente de la Fundación Canaria para el Reciclaje. Durante el Seminario de Comarcas Sostenibles en Ingenio, Núñez puso cifras a una realidad que contradice la autonomía económica de las islas: el contribuyente canario sufraga el coste del reciclaje, pero el valor añadido y el empleo industrial se exportan. En el caso de los residuos electrónicos y electrodomésticos, la falta de una industria local provoca que el tratamiento final se realice mayoritariamente en la Península, convirtiendo a Canarias en una mera estación de transferencia de recursos hacia el exterior.
El incumplimiento del Artículo 14 del REF
Desde una óptica de derecho económico, Núñez ha reclamado la aplicación efectiva del Artículo 14 del Régimen Económico y Fiscal (REF). Este precepto no es una recomendación, sino una obligación normativa que exige compensar la doble insularidad y priorizar el tratamiento de residuos lo más cerca posible de su origen.
La tesis es implacable: la falta de desarrollo normativo de este artículo impide que Canarias genere una economía de escala propia. Al no compensarse los sobrecostes del transporte interinsular y la fragmentación del territorio, cualquier iniciativa de inversión privada en plantas de reciclaje queda anulada por la falta de competitividad frente a las grandes plantas continentales. Es, de nuevo, un ataque a la capacidad de capitalización de las islas, donde el ahorro del ciudadano se utiliza para alimentar un ecosistema industrial ajeno.
Las barreras al capital
El diagnóstico técnico señala a la hiperregulación e inseguridad jurídica como los principales inhibidores de la inversión. Núñez advirtió que la sobrecarga normativa ralentiza la implantación de proyectos industriales que podrían diversificar una economía hoy excesivamente dependiente del sector servicios.
Recuperar materiales estratégicos como el cobre, el hierro o el plástico de los residuos generados en las islas permitiría reintroducir capital en el proceso productivo canario, reduciendo la dependencia exterior de materias primas.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, reforzó esta tesis al admitir que, en un territorio finito, el modelo lineal de 'extraer, consumir y desechar' ha colapsado. Sin embargo, la transición hacia la circularidad es imposible si el marco fiscal (REF) no se utiliza para blindar la competitividad de las plantas locales.
"Pagar el reciclaje en las islas para generar empleo en el continente es una ineficiencia económica que Canarias, con su tasa de paro y necesidad de diversificación, no puede permitirse."
De la tasa al tejido industrial
La economía circular en Canarias no puede ser solo una consigna de sostenibilidad; debe ser una estrategia de soberanía industrial. El agotamiento del modelo lineal es una evidencia física, pero la solución no pasa por aumentar la presión fiscal sobre el residuo, sino por convertir ese residuo en una oportunidad de inversión privada.
Para que el millón de ocupados del archipiélago crezca en sectores de alto valor, el Gobierno debe desbloquear el Artículo 14 del REF y garantizar que el capital generado por las tasas de reciclaje se quede en las islas en forma de fábricas, tecnología y empleos cualificados. Mientras Canarias siga exportando su basura electrónica para que otros la conviertan en riqueza, la autonomía financiera de las islas seguirá teniendo una vía de agua estructural.