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El Cabildo de Tenerife exige al Gobierno deflactar el IRPF y avalará alquileres

La corporación aprueba 32 medidas, con respaldo de PP y Vox, como declarar profesión de riesgo a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, exponen los acuerdos del Consejo de Gobierno. | Europa Press

El Cabildo de Tenerife ha aprobado un total de 32 propuestas de resolución durante el transcurso del debate del estado de la isla. Entre las decisiones más destacadas, con un marcado enfoque económico y fiscal, se encuentra la exigencia formal al Gobierno central para acometer la deflactación del IRPF y actualizar los mínimos y deducciones, una medida destinada a aliviar la severa pérdida de poder adquisitivo que sufren los ciudadanos frente a la inflación.

Las medidas para abaratar la vivienda

En el ámbito de la vivienda, uno de los mayores problemas económicos y sociales que atraviesa el archipiélago, la corporación insular ha acordado solicitar al Parlamento autonómico una modificación estructural de la Ley del Suelo de Canarias. El objetivo prioritario de este cambio es permitir la rápida construcción de vivienda de protección oficial mediante proyectos de interés insular o autonómico. Asimismo, se realizará un estudio exhaustivo para que la institución pueda actuar como avalista para los jóvenes que buscan incorporarse con garantías al tensionado mercado del alquiler.

Por su parte, el Partido Popular logró sacar adelante íntegramente sus diez propuestas de resolución. Estas medidas de calado se enfocan principalmente en hacer frente a la acuciante emergencia habitacional, fortalecer la seguridad ciudadana de los municipios y generar nuevas facilidades para el empleo y el desarrollo juvenil. En materia económica, también se aprobó pedir al Estado la urgente flexibilización de la regla de gasto, de modo que las administraciones saneadas puedan utilizar e invertir sus propios remanentes de tesorería sin sufrir castigos o penalizaciones injustas por parte del Gobierno central.

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