El Gobierno de Canarias denuncia que el Estado le debe 350 millones de euros de este año

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, ha criticado este lunes con dureza la actitud del Gobierno central, al que acusa de mantener bloqueados unos 350 millones de euros en transferencias específicas correspondientes exclusivamente a este ejercicio. Esta situación supone un lastre para las cuentas del archipiélago y dificulta el normal desarrollo de las políticas públicas previstas por la Administración insular, que requiere de certidumbre financiera para ejecutar sus presupuestos.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el dirigente subrayó que, al margen de la inestabilidad política que atraviesa el panorama nacional, el gabinete canario mantiene una vigilancia exhaustiva sobre la evolución de las partidas económicas. En este sentido, Cabello explicó que el encuentro ha servido para analizar al detalle "cuál es el minuto y resultado exacto" de cada uno de los expedientes administrativos y de las transferencias financieras que continúan paralizadas desde Madrid.

El montante económico reclamado asciende a esos 350 millones de euros, una cifra que, según insistió el portavoz, representa únicamente los compromisos adquiridos para el presente año. "Esa es una preocupación especial que tiene este Gobierno", sentenció ante los medios de comunicación. Frente a la parálisis institucional en el conjunto del país, desde el archipiélago aseguran que seguirán trabajando "hasta el último minuto" con los actuales responsables ministeriales o con aquellos que asuman las carteras en el futuro para garantizar la viabilidad de estos fondos.

Además del aspecto puramente financiero, las quejas del Ejecutivo regional se extienden a otros ámbitos de la relación bilateral. Cabello lamentó que existe una gran cantidad de "correspondencia pendiente" a la que el Estado no ha dado una respuesta satisfactoria. Si bien el portavoz reconoció que en los últimos tiempos se ha detectado algún "avance tímido" en ciertas áreas sectoriales, la realidad es que los principales escollos políticos siguen sin resolverse de forma estructural.

Entre los asuntos estratégicos que el gabinete insular aspira a desbloquear a la mayor brevedad, destacan dos reivindicaciones históricas. Por un lado, la cogestión de los aeropuertos radicados en las diferentes islas, una infraestructura vital para la principal industria del territorio, el turismo. Por otro lado, la defensa y el control riguroso de los incentivos fiscales enmarcados en el Régimen Económico y Fiscal (REF), un instrumento jurídico y económico esencial para compensar la lejanía y la insularidad, garantizando así la competitividad del tejido empresarial canario.