Detrás de los fríos datos macroeconómicos y de los despachos oficiales hay realidades que no entienden de ideologías, sino de pura capacidad asistencial. Canarias ha sido, y sigue siendo, el escudo humano y la frontera sur de Europa. Entre los años 2020 y 2025, el archipiélago ha recibido a más de 165.000 personas en más de 3.000 embarcaciones, asumiendo además la tutela y el cuidado de casi 3.000 menores no acompañados.
Esta presión no es solo un debate político; se traduce en una tensión diaria insostenible sobre los profesionales sanitarios, los servicios sociales, los educadores y la seguridad de las islas. Sin recursos claros ni una gestión planificada por parte del Gobierno central, el modelo de acogida amenaza con qubrar, afectando directamente tanto a los migrantes como a los ciudadanos canarios que ven cómo sus servicios públicos se tensionan hasta el extremo.
Doce días para el vacío normativo y una "nula información"
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha alzado la voz ante lo que considera una falta de respeto institucional intolerable. A solo doce días de que entre en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, la comunidad autónoma se encuentra a oscuras. El Ejecutivo regional ha aprobado un informe que constata la "nula información" recibida por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
"Canarias no ha sido tomada en cuenta ni informada sobre cómo afectará a las islas", lamenta Delgado. La exclusión del archipiélago en el diseño del Plan Nacional es un síntoma de una política centralizadora que ignora a quienes sufren el problema en primera línea.
Esta falta de previsión y de transparencia genera una honda preocupación. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ya ha advertido por carta a La Moncloa de que las nuevas normativas y los controles europeos amenazan con alargar los periodos de espera en las islas, convirtiendo a Canarias en un "tapón" o una suerte de cárcel flotante, duplicando la presión sobre unos centros asistenciales que ya se encuentran al borde de su capacidad.
Exigencia de gestión: blindar los servicios de los ciudadanos
Desde una perspectiva de responsabilidad y buena administración, el Ejecutivo canario, apoyado en sus demandas por otras comunidades afectadas, exige de manera urgente una convocatoria que reúna a todas las autonomías. No se solicitan parches ideológicos, sino certezas:
Una dotación de recursos específicos: que la financiación para la acogida esté garantizada por el Estado. Así como la protección de los servicios ordinarios: evitar a toda costa que la crisis migratoria detraiga fondos destinados por ley a la sanidad, educación, empleo y vivienda de los residentes canarios. Y, finalmente, mecanismos de distribución eficaces: una solidaridad interterritorial regulada y eficiente, no improvisada.
La solidaridad no puede ser un cheque en blanco basado en el voluntarismo. Gobernar es prever, y dejar a Canarias desarmada ante la mayor reforma migratoria de la década, sin transferir los recursos necesarios, es comprometer el bienestar de todo un archipiélago. Las islas exigen la información, la financiación y la consideración que se ganan, día a día, con su esfuerzo en la frontera de Europa.