Desgravar el 90% de tus beneficios empresariales. ¿Qué es la RIC y cómo funciona?

De una reunión informal a la ley

Todo empezó en un encuentro lejos de los despachos oficiales. El mayor incentivo fiscal de las islas, la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), se gestó en una "chuletada" entre tres expertos, incluyendo a un inspector de Hacienda que años después ocuparía una cartera ministerial. Redactada en un fin de semana y aprobada en la ley de 1994, esta herramienta recuperaba el espíritu del antiguo Fondo de Provisión de 1972. Su meta es el fomento de la inversión productiva, la creación de empleo y el desarrollo de infraestructuras.

Su supervivencia fue un éxito de presión política. En 1995, la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades y la OCDE buscaban eliminar las provisiones fiscales a largo plazo. Sin embargo, la Unión Europea no se opuso a la RIC, a diferencia de la ZEC, por considerarla una deducción interna no discriminatoria: cualquier empresa europea instalada en Canarias puede utilizarla.

El mecanismo de ahorro, dotar la reserva

El sistema ofrece liquidez inmediata. La empresa decide reservar parte de sus ganancias para invertir en el futuro, a cambio de no tributar por ese dinero en el presente. El capital debe provenir de los beneficios generados en el año en curso, sin que esté permitido utilizar fondos o ahorros de ejercicios anteriores. Contablemente, se aparta como una reserva voluntaria claramente identificada en el balance.

A cambio, la administración permite reducir hasta el 90% de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, con la única limitación de que el resultado no quede en negativo.

La materialización

El verdadero reto para el empresario comienza al intentar gastar el dinero. La norma general dicta que la inversión debe materializarse en un máximo de tres años. En la práctica, condicionados por los cierres de ejercicio y las juntas de accionistas, los tiempos reales oscilan entre cuatro y cinco años. El abanico de destinos es amplio: abrir una sucursal, crear nuevas sociedades, edificar viviendas sociales o, desde 2004, la simple creación de empleo. Sea cual sea el destino, el empresario asume un compromiso a largo plazo, ya que debe mantener el bien o el puesto de trabajo durante cinco años.

Para evitar multas ante los retrasos habituales en la construcción en las islas, Hacienda ha tenido que adaptar la norma mediante resoluciones. Así nació el concepto de "inversión compleja", aplicado en operaciones de gran envergadura como las de Lopesan, que permite alargar el plazo.

Del éxito hotelero a la trampa de la pyme

La aplicación de la RIC ha dejado ganadores y perdedores. El sector turístico ha sabido maximizar su rentabilidad. Grandes corporaciones como el Grupo RIU o proyectos de lujo como Bahía del Duque se han apoyado en estas ventajas para construir una industria puntera en España.

En el extremo opuesto se sitúa la pequeña empresa, víctima del denominado "error del último recurso". Muchos negocios dotan la RIC exclusivamente para rebajar su factura fiscal, sin poseer un plan de crecimiento real. Al acercarse el vencimiento del plazo y carecer de necesidades operativas, se ven abocados a comprar Deuda Pública de Canarias a última hora para esquivar sanciones. La ley permite destinar hasta el 50% de la dotación a esta vía. Paradójicamente, la rigidez del modelo convierte al Gobierno canario en el gran beneficiado, al financiarse a un tipo de interés mucho más bajo que el del mercado gracias al capital inmovilizado de las empresas.

Otros pequeños negocios, como el sector agrícola, se ven empujados a renovar equipos o invernaderos sin necesidad, cesando el uso del incentivo cuando su capacidad tecnológica toca techo. A día de hoy, valorar el alcance exacto de esta medida es casi imposible; el Estado nunca estableció un código contable específico, dejando a la RIC en un limbo de transparencia que impide medir cuánta riqueza real ha generado en el archipiélago.