Caída del 2% en compraventas, Canarias se queda sin casas
La compraventa cae un 2%. La burocracia, los impuestos y el intervencionismo asfixian la oferta y expulsan al inversor de nuestras islas.
La caída del 2% en la compraventa de viviendas en las islas no es solo un ajuste estacional, sino el reflejo de un mercado de vivienda asfixiado. El precio de la vivienda no sube por "especulación", porque especular especulamos todos, desde el carnicero hasta el obrero con su fuerza de trabajo, sino por la escasez estructural provocada. Cuando se oferta menos por barreras legales y la gente sigue queriendo comprar casas, los precios se vuelven inaccesibles y el mercado de compraventa se paraliza al no encontrar puntos de equilibrio donde construir sea rentable, y a ese precio que sea rentable, los compradores puedan permitírselo.
El alquiler como refugio
En Canarias, el propietario ha dejado de ver la venta como una opción lógica. ¿Por qué someterse al proceso administrativo de la transmisión patrimonial, sujeta a un IGIC que penaliza la operación y a un Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, si puede rentabilizar el inmueble en el mercado del alquiler? La inseguridad jurídica que planea sobre la propiedad privada ha generado un efecto perverso, el propietario retiene el activo porque vender implica entrar en un ciclo de incertidumbre fiscal y burocrática del que difícilmente saldrá con capital suficiente para reinvertir. La vivienda se convierte en un activo "cautivo" que solo circula en arrendamientos, reduciendo el stock disponible para quien desea arraigarse.
El ciclo de construcción: la huida hacia el lujo
La excesiva burocracia para obtener licencias de obra convierte cualquier proyecto en un riesgo inasumible. Las promotoras han adoptado una estrategia defensiva, solo construir vivienda de lujo. Es la única tipología que ofrece un margen de beneficio capaz de absorber los costes financieros de la parálisis administrativa y las exigencias de urbanismo de los Cabildos. Esto deja a la clase media y a los jóvenes canarios fuera del mercado, no solo por falta de capacidad de ahorro, sino porque la normativa ha eliminado de facto la posibilidad de edificar vivienda asequible.
La fuga del inversor
El capital es cobarde por naturaleza y en Canarias está empezando a hacer las maletas. El marco regulatorio, caracterizado por una presión fiscal creciente sobre el sector inmobiliario y las amenazas de control de precios, está provocando un efecto expulsión. El inversor, tanto local como peninsular, está desviando su capital hacia activos financieros fuera de las islas o hacia sectores menos intervenidos. Al retirar esta inyección de capital, se reduce la rotación de inmuebles y se condena a las islas a una menor modernización de su parque de vivienda, lo que acaba deteriorando la calidad del activo a largo plazo.
La solución no pasa por más subvenciones, que solo actúan como gasolina sobre el fuego de la alta demanda, sino por la liberalización del suelo. El Gobierno de Canarias debe acometer una reforma radical de la normativa urbanística que agilice los tiempos de licencias y elimine el exceso de celo burocrático que bloquea la construcción. La Administración debe dejar de actuar como un obstáculo para convertirse en un facilitador, reduciendo la carga fiscal sobre la vivienda y fomentando una mayor densidad constructiva en zonas urbanas ya consolidadas.
Asimismo, es necesario garantizar la seguridad jurídica del propietario frente a la okupación y los cambios regulatorios arbitrarios. Solo recuperando la confianza del inversor y fomentando la competencia entre promotores podremos dinamizar un mercado hoy estrangulado por la ideología. La vivienda será asequible cuando la oferta deje de estar secuestrada por el despacho de un funcionario y vuelva a fluir gracias al libre intercambio entre particulares.
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