El escandaloso silencio del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (CC), ante el desastre financiero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) no es un simple caso de cobardía institucional. Es el síntoma de una enfermedad mucho más profunda que pudre la política de la isla y que destapa un pacto de no agresión encubierto. Si unimos los puntos, el mapa de la vergüenza queda perfectamente trazado. Al silencio cómplice de Coalición Canaria ante el agujero socialista de Benjamín Perdomo, hay que sumar la indigna postura de su socio de gobierno, el Partido Popular, que ha decidido ponerse de perfil y abstenerse de intervenir judicialmente en el sonado caso Sosa.
La pregunta sobre lo que está pasando realmente en el Cabildo de Lanzarote tiene una respuesta tan simple como repugnante. Se trata de puro cálculo aritmético. Ni CC ni el PP, que comparten el poder actualmente en la corporación insular, parecen querer hacer demasiada sangre con las negligencias y escándalos del PSOE. En la trastienda de la política insular, los socialistas no son los responsables de una herencia desastrosa a los que hay que fiscalizar con mano dura. Son el futuro socio con el que no conviene romper puentes bajo ningún concepto.
Llevamos días exigiendo respuestas a Oswaldo Betancort sobre el maquillaje contable de los CACT entre 2021 y 2023. Han sido jornadas en las que el presidente ha preferido esconderse antes que denunciar el despilfarro electoralista y las pérdidas millonarias infladas bajo la batuta del PSOE. Su mutismo resulta ensordecedor. Pero la indignación sube de nivel cuando observamos a sus socios del PP hacer exactamente lo mismo en otros frentes judiciales.
Que el Partido Popular, desde su cómoda posición en el gobierno insular, haya optado por la abstención a la hora de personarse o empujar la acción judicial contra el PSOE en el caso Sosa evidencia una estrategia conjunta de quienes hoy mandan en la isla. Es el viejo bipartidismo, ahora convertido en un tripartidismo de conveniencia, jugando a protegerse las espaldas. Se fiscaliza con la boca pequeña en los plenos, pero cuando llega el momento de la verdad para ir a los tribunales o auditar con luz y taquígrafos el dinero público, el actual grupo de gobierno pliega velas para mantener la puerta abierta a un pacto en el próximo mandato.
Ante esta flagrante connivencia política, en la que quienes gobiernan deciden tapar las vergüenzas de sus antecesores para garantizarse los sillones del futuro, la figura de los técnicos cobra una importancia vital. Resulta ineludible saber qué tiene que decir la interventora del Cabildo de Lanzarote.
Si los políticos de CC y PP renuncian a su labor de fiscalización por intereses partidistas, la principal garante de la legalidad económica de la institución no puede permanecer callada. Es imperativo conocer su opinión profesional sobre las irregularidades contables destapadas en las auditorías de los CACT. Los ciudadanos tienen derecho a saber si los mecanismos de control interno alertaron de estas prácticas, si existieron reparos que fueron ignorados por la anterior corporación socialista y por qué el gobierno actual prefiere mirar hacia otro lado.
Lanzarote no es el cortijo privado de tres partidos que juegan al Monopoly con el patrimonio público. Utilizar el dinero del contribuyente como moneda de cambio para no enfadar a un futuro socio de sillón es una auténtica estafa democrática. Ya basta de tapaderas. Betancort tiene que salir de su escondite y dar la cara por el saqueo de los Centros Turísticos, el PP debe explicar su blanqueamiento judicial al PSOE desde el gobierno y la Intervención del Cabildo debe arrojar, de una vez por todas, luz sobre esta inaceptable oscuridad contable.