Durante mucho tiempo pensé que el problema de la política eran las ideas. Izquierdas, derechas, nacionalistas, liberales o conservadores. Cuanto más cerca he estado de los despachos del poder gracias a mi oficio, más convencido estoy de que el problema real respira bastante más abajo.
He visto lo suficiente en coberturas y pasillos que nunca habría imaginado desde la redacción. He presenciado cómo se mezclan política, empresas e intereses particulares hasta que resulta imposible distinguir dónde termina el servicio público y dónde empieza el beneficio privado.
Y sí, me da asco.
Hay un elemento que me repugna todavía más que los propios hechos y es su absoluta normalidad.
Hablamos de personas que llevan tanto tiempo viviendo inmersas en estas cloacas que han dejado de verlas como una anomalía. Lo cuentan, lo justifican y conviven con su podredumbre con una naturalidad que hiela la sangre. Actúan como si ciertos privilegios vinieran de serie con el acta de diputado o el sillón del consejo.
Asumen que favorecer a alguien para recibir prebendas o utilizar una posición pública para intereses particulares forma parte natural del juego.
Probablemente ahí resida el mayor de los peligros.
Cuando un cargo público corrompe el sistema sabiendo que obra mal, todavía conserva una frontera moral. La verdadera tragedia estalla cuando esa frontera se esfuma y el político termina convencido de que tiene perfecto derecho a hacer lo que hace.
Es la impunidad de la normalidad.
Toda esta fauna me recuerda a la película El Reino de Sorogoyen. Lo terrorífico de aquella cinta no era cruzarse con villanos de caricatura, sino observar a tipos que llevaban tantos años dentro del engranaje que habían construido su propia moral a medida. En ese mundo paralelo casi cualquier bajeza encuentra justificación.
Si no fuera tan espeluznante, resultaría hasta cómico ver a estos mismos personajes subidos a un atril en campaña electoral prometiendo salvar al pueblo.
El dinero público no es propiedad del partido de turno. Tampoco es una chequera para tejer redes de favores, premiar amistades, comprar voluntades o generar estómagos agradecidos. Es el esfuerzo económico de todos los ciudadanos. Ejercer un cargo debería ser una carga temporal y exigente, jamás una agencia de colocación ni un derecho de pernada sobre lo que administras.
En este texto no daré nombres porque no soy un juez, sino un periodista, y mi objetivo de hoy no es sentar a nadie en el banquillo, sino retratar un ecosistema podrido. Pero bajo ningún concepto voy a fingir que no he presenciado lo que mis ojos han visto a lo largo de los años.
Mi mayor decepción profesional ha sido confirmar que la miseria ética no entiende de ideologías. Cambian los colores de las siglas, las banderas, los discursos y las pancartas. Sin embargo, las formas mafiosas de exprimir el poder se calcifican de manera idéntica en unos y otros.
Por eso cada vez me importa menos quién ocupa la presidencia y me obsesiona más cómo la ejerce.
Yo prefiero mi trinchera. Investigando, escribiendo columnas, informando a los lectores sin rendir pleitesía a ningún gabinete, pagando mis impuestos y durmiendo cada noche con la certeza de que mi nómina no depende de lamerle las botas a nadie.
Después de comprobar cómo huele el poder por dentro, tener un teclado y estar lejos de sus alfombras no me parece una derrota.
Me parece el mayor de los privilegios.