El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales, que introduce por primera vez en la normativa autonómica la figura de los "anillos de seguridad" en torno a núcleos urbanos y flexibiliza los usos agrícolas como herramienta preventiva. La norma, que será publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León en los próximos días, modifica varias leyes autonómicas para mejorar la coordinación institucional, reducir trámites y reforzar la protección de la población.
Prevención integrada en la planificación urbana y territorial
La principal novedad del decreto es la regulación de los denominados anillos de seguridad, definidos como franjas de terreno en el entorno urbano con infraestructuras viarias, control de vegetación y medidas de protección para edificaciones. Estas áreas actuarán como barreras naturales frente a incendios procedentes del medio rural y serán zonas prioritarias de actuación.
Las administraciones públicas podrán imponer actuaciones preventivas en estos espacios incluso si se trata de terrenos privados, con instrumentos jurídicos que habilitan la ejecución forzosa de medidas cuando sea necesario. Los municipios considerados de mayor peligrosidad tendrán un plazo máximo de tres años para poner en marcha estos anillos, con apoyo técnico y económico de la Junta.
Además, se impulsarán ordenanzas municipales específicas en materia de prevención de incendios y se reforzarán los Planes de Protección Civil locales, con especial atención a sistemas de riego y captación de agua.
Uso agrícola como herramienta de discontinuidad vegetal
El Decreto Ley también introduce cambios en la legislación forestal para fomentar la gestión activa del territorio mediante el mantenimiento o recuperación de usos agrícolas. Se amplía de 20 a 30 años el periodo necesario para que un terreno agrícola abandonado pase a considerarse forestal y se amplía a 50 años el plazo para revertir este uso.
Estas medidas buscan facilitar la conservación de terrenos cultivados como franjas de baja combustibilidad. Asimismo, se simplifican los procedimientos para aprovechar recursos forestales: las cortas maderables menores de 100 m³ tendrán silencio administrativo positivo, y se eliminan autorizaciones previas en tareas de prevención de incendios o control de plagas.
Las actuaciones preventivas también se consideran compatibles con los objetivos de conservación en espacios protegidos como Red Natura 2000 o la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.
Refuerzo del operativo y mejora de la capacidad de respuesta
El nuevo marco legal refuerza el operativo de incendios forestales, declarado servicio público esencial. Se adoptan medidas para agilizar la dotación de medios humanos y materiales, con prioridad administrativa en los expedientes relacionados.
Además, se establece la colaboración con diputaciones y ayuntamientos para financiar actuaciones preventivas, especialmente en infraestructuras como carreteras y caminos rurales, considerados estratégicos para reducir el riesgo de propagación del fuego.
Las infraestructuras de comunicación recibirán prioridad en los planes de prevención, eliminando la obligación de solicitar autorizaciones previas para ciertas actuaciones dentro de las zonas de servidumbre y afección.
Profesionalización del dispositivo y cambios en el personal
Paralelamente, la Junta ha aprobado otro decreto para profesionalizar el dispositivo de prevención y extinción de incendios. Este contempla la transformación de contratos fijos discontinuos en empleos a jornada completa durante todo el año, con funciones en prevención, vigilancia y restauración.
Se crea el Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, se reconoce oficialmente la figura del Bombero Forestal conforme a la legislación estatal y se impulsa la promoción interna desde categorías laborales como la de celador de medio ambiente.
Entre 2026 y 2028, todo el operativo pasará a ser de carácter público, salvo servicios altamente especializados como los medios aéreos. Esta transición ya cuenta con dotación presupuestaria en el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026.