En plena precariedad del Sistema Nacional de Salud, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido centrar su atención en lo verdaderamente prioritario: responder en redes sociales a un youtuber residente en Andorra que cuestionó la política fiscal española.
"En España hay dinero incluso para aguantar opiniones desde Andorra de quien no pone ni un euro a la sanidad pública. Más habría si el patriotismo se ejerciera con impuestos en vez de tuits", sentenció la ministra desde su perfil en la red social X.
Mientras lanza acusaciones de falta de "patriotismo", la ministra compatibiliza su cargo público con una posición en la Organización Mundial de la Salud (OMS). España ya ha comprometido 60 millones de euros a ese organismo en 2025. Entretanto, aquí faltan fondos para el ELA, oncólogos en Melilla y medicamentos oncológicos esenciales.
La pregunta para Mónica García es evidente: ¿Patriotismo es pagar impuestos o utilizar un ministerio como trampolín hacia un cargo internacional?
Contradicción entre discurso y realidad
Más allá del tono altivo y del uso partidista del concepto de "patriotismo", lo que sorprende es que quien denuncia la falta de compromiso fiscal de otros, dirige un Ministerio que no encuentra recursos para garantizar derechos básicos a los propios ciudadanos.
Las reacciones al tuit de la ministra fueron inmediatas. Varios usuarios le recordaron el caso de Ángela, una joven que sufrió un accidente en Tailandia. Su familia logró reunir fondos para su repatriación médica gracias a miles de donaciones. Y el Estado no ayudó: solo exigió más de 135.000 euros en impuestos.
La incoherencia como política pública
Mientras Mónica García reparte lecciones de civismo, su gestión al frente del Ministerio de Sanidad acumula datos preocupantes y decisiones difíciles de defender.
La Ley ELA es un ejemplo claro: muchas promesas, pero sin una partida presupuestaria que las respalde.
Con las enfermedades raras ocurre lo mismo. Afectan a más de tres millones de personas en España, pero apenas reciben 70 millones de euros del gobierno de Sánchez.
El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 fue presentado con solemnidad como una apuesta por la salud mental. Pero la cifra lo dice todo: 18 millones para toda España. Traducido, 36 céntimos por ciudadano. Cada año, cerca de 4.000 personas se suicidan en nuestro país.
Frente a estas cifras, el Ministerio prefiere desviar la atención hacia estrategias climáticas que rozan lo grotesco: inhaladores "sostenibles" , "anestesia verde" , publicaciones sobre la "masculinidad tóxica" como causa del suicidio o, iniciativas para reducir la huella de carbono del sistema sanitario.
Todo ello, mientras se niega el reconocimiento de especialidades, se rechaza financiar medicamentos oncológicos esenciales y se ignoran carencias estructurales como la falta de oncólogos en regiones como Melilla, donde la muerte de un joven ha dejado al descubierto una tragedia anunciada.
Generosidad exterior, abandono interior
Cuando se habla de prioridades presupuestarias, los números hablan por sí solos. En 2024, España destinó 35 millones de euros a la OMS. Para 2025, ya ha comprometido 60 millones más.
No hay dinero suficiente para la Ley ELA, pero sí para financiar estructuras burocráticas internacionales. No hay recursos para asegurar el acceso equitativo a medicamentos oncológicos, pero sí para patrocinar estrategias globales que raramente se traducen en mejoras concretas para los ciudadanos españoles.
Mientras escasean los recursos para los pacientes españoles, el Gobierno de Sánchez presume de compromiso y solidaridad internacional. El paciente nacional queda relegado a la espera, mientras el relato diplomático se construye a base de transferencias.
Y en este contexto, la ministra Mónica García ha sido nombrada miembro del consejo ejecutivo de la OMS. ¿Responde esta generosidad presupuestaria a una estrategia de influencia sanitaria global... o a una ambición personal disfrazada de política pública?
¿Ministra de Sanidad o ministra de redes?
En lugar de explicar por qué el 38% de los medicamentos aprobados en Europa no están disponibles en España, o por qué se rechazan terapias como el anticuerpo blinatumomab, vital para tratar la leucemia linfoblástica aguda infantil, la ministra opta por intervenir en debates en redes sociales y contestar al que discrepa.
Mientras miles de pacientes esperan diagnósticos, tratamientos o simplemente una cita, la titular de Sanidad encuentra tiempo para polemizar en redes sociales con youtubers. No parece casual. Es más fácil acusar a quien reside en Andorra de "no poner ni un euro en la sanidad pública" que asumir la responsabilidad de un sistema que, bajo su mandato, se degrada por momentos.
La política sanitaria se desangra entre reformas improvisadas, desinversión, y una preocupante falta de rigor técnico. El Ministerio de Sanidad publica guías sobre la prescripción con baja huella de carbono, pero calla ante el abandono de los enfermos de ELA. Reparte lecciones de justicia fiscal, pero no reforma el sistema de financiación sanitaria. Se indigna con los tuits desde Andorra, pero guarda silencio ante las polémicas y discrepancias con el sector sanitario.
Si el fango político consiste en contestar desde las redes sociales, la ministra ya ha decidido en qué terreno quiere jugar. Lo preocupante es que mientras tanto, el Sistema Nacional de Salud español sigue esperando una gestión a la altura.
Y esa, lamentablemente, no se escribe en 280 caracteres. Ni con las aspiraciones internacionales de Mónica García en la OMS.