Populismo judicial en España y México

Salvo una improbable retirada de los dos grandes proyectos legislativos del gobierno populista español en materia de Justicia, jueces y fiscales irán a la huelga durante tres días de julio. La iniciativa parte de cinco asociaciones de jueces y fiscales que llevan meses protestando y advirtiendo contra las reformas que modifican el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía, eliminando oposiciones y permitiendo que cualquiera pueda entrar. En México, la contraparte de Sánchez, Claudia Sheinbaum, tres cuartos de lo mismo, pero todavía peor.

Tanto México como España están emprendiendo, con gobiernos radical-populistas, reformas judiciales que bajo la bandera de la "democratización" y la "modernización" están desembocando en la destrucción del estado de Derecho a través de la eliminación de la separación de poderes, específicamente el asalto al poder judicial, al que pretenden convertir en un zombi al servicio del poder ejecutivo.

En México no solo hay elecciones populares para nombrar jueces, sino que los electores se han decantado por personas como Héctor Ulises Orduña, un tipo que fue elegido estando en la cárcel acusado de abusos sexuales a niños. En su vídeo de campaña decía "No soy igual. Soy un juez diferente, un hombre decente, cercano a la gente. Para que la justicia llegue a todos, vota". El abogado ganó con el apoyo del uno por ciento de los electores que acudieron a las urnas. Lo logró a pesar de las acusaciones de abuso, de no haber podido hacer campaña personalmente y de haber seguido la carrera electoral desde prisión.

Que un juez pueda ser elegido tras una campaña electoral es algo que, en principio, solo se le puede ocurrir a alguien como los dirigentes de la izquierda mexicana, de López Obrador a Sheinbaum, aparentemente tan necios como delirantes. Pero, en realidad, obedece a un plan astuto para eliminar la separación de poderes, acabar con el estado de Derecho y destruir todavía más si cabe la sociedad civil mexicana, un país que es uno de los ejemplos más tristemente acabados en el mundo de Estado fallido y sociedad fracasada.

El admirado y admirable jurista italiano Luigi Ferrajoli expresó en una reciente entrevista una crítica sobre la elección de jueces por voto popular. Ferrajoli, uno de los juristas más influyentes en el ámbito del derecho constitucional y el garantismo procesal, argumenta que elegir jueces por voto popular socava la independencia judicial, un pilar fundamental del Estado de Derecho. Considera que esta práctica concentra poder en el Ejecutivo y pone en riesgo la imparcialidad de los jueces, ya que estarán sujetos a presiones políticas o populares. Además, según Ferrajoli, esta reforma representa una regresión democrática puesto que debilita las estructuras constitucionales que garantizan la separación de poderes. Describe este tipo de cambios como una forma de "analfabetismo judicial" que amenaza los fundamentos del constitucionalismo. Cualquier medida que otorgue un control excesivo al poder político sobre el judicial podría conducir a un colapso del Estado de Derecho. La entrevista subraya igualmente la importancia de mantener un poder judicial autónomo para preservar el equilibrio de poderes y proteger los derechos fundamentales. Vamos, nada que no estuviese ya en Montesquieu y Tocqueville, pero como si Sánchez y Sheinbaum tuviesen la menor idea de quienes son los liberales franceses.

Por el contrario, hacia donde apuntan las reformas judiciales de los socialistas españoles y mexicanos es lo que históricamente se ha conocido como tribunales populares. En España, el gobierno socialista está impulsando una reforma para reestructurar el acceso y funcionamiento de las carreras judicial y fiscal, defendida como una alineación con estándares europeos, aunque esto último es falso y, de facto, lo que hace es eliminar de una tacada a toda una generación de opositores para colar por la puerta de atrás a una serie de "operadores jurídicos" evitando que se sometan a pruebas y demuestren un mérito más allá del ideológico. Por cierto, el uso del término "operador jurídico" no es inocente ni neutral: refleja una influencia del lenguaje técnico y burocrático, con la idea de reducir a jueces y fiscales a meros instrumentos del sistema. El objetivo es que la maquinaria normativa aplaste a las personas. No hay que ser Foucault para comprender que el término está ligado a un cambio en el discurso jurídico: el paso de una concepción del derecho como algo sagrado y ético (el espíritu de la ley) a un sistema técnico y racional (mera racionalidad instrumental).

La Asociación de Fiscales pide a los ciudadanos que apoyen la concentración contra la Ley Bolaños del 28 de junioJ. Romero Jordano

Volvamos al hilo principal. Ambas reformas son, por lo tanto, maniobras populistas que amenazan la independencia judicial y el Estado de derecho. Desglosaré las falacias que sustentan estas reformas, identifica sus paralelismos y evaluaré si una democracia hispanoamericana digna de tal nombre es posible o si estamos condenados al populismo.

Ambas reformas, aunque distintas en alcance y contexto, se sustentan en falacias que ocultan sus riesgos y priorizan el control político sobre la imparcialidad judicial. En primer lugar, la falacia de la apelación al pueblo. O, dicho de otro modo, populismo en vena. En México, el partido Morena, el equivalente a un PSOE que se hubiera fusionado con Podemos, y el expresidente López Obrador presentan la elección popular de jueces como un ejercicio de "democracia radical" que empodera al pueblo frente a un Poder Judicial corrupto y elitista. En España, el PSOE de Pedro Sánchez defiende su reforma como una respuesta a las "demandas sociales" de una justicia más accesible y moderna, alineada con una "sociedad exigente". Esta falacia asume que la popularidad de una medida garantiza su legitimidad, ignorando que la justicia requiere un conocimiento técnico solo al alcance de unos expertos con altas dosis de entrenamiento teórico y práctico, y autonomía, no solo apoyo masivo. En México, la baja participación refleja tanto la apatía de muchos como el rechazo masivo ciudadano, mientras que en España, la falta de consenso con asociaciones de jueces, incluso progresistas, desmiente la supuesta demanda popular. Esta narrativa populista simplifica problemas complejos y desvía la atención de su objetivo fundamental: la politización del poder judicial.

Por otro lado, ambas reformas plantean una elección binaria siguiendo la falacia de la falsa dicotomía: en México, entre un sistema judicial corrupto y la elección popular; en España, entre un sistema obsoleto y una reforma modernizadora. Esta falacia ignora alternativas como fortalecer la meritocracia, auditar la corrupción o digitalizar procesos sin comprometer la independencia. En México, la eliminación de filtros técnicos para candidatos (el 68% no proviene del Poder Judicial) y las sospechas sobre el proceso electoral sugieren que la elección popular no solo no resuelve la corrupción, sino que introduce riesgos de captura política por parte del cada vez más monopolista partido en el poder. En España, medidas como el ascenso automático de jueces o la instrucción penal por fiscales no abordan directamente la lentitud judicial y lo único que hacen es extender la influencia del gobierno que por boca de su presidente recordó a los fiscales que le deben obediencia. Estas falsas dicotomías evitan un debate plural y priorizan soluciones que benefician al poder en turno.

Tanto en España como en México, los críticos liberales de ambas reformas son caricaturizados como defensores de un statu quo elitista, la clásica falacia del hombre de paja que usan los socialistas basándose en su supuesta superioridad moral así como en la pretendida maldad ética de sus adversarios, aunque en realidad alertan sobre la pérdida de contrapesos democráticos. Del mismo modo que los críticos españoles se centran en la politización del Ministerio Fiscal y la erosión de la meritocracia. Esta falacia deslegitima argumentos válidos y polariza el debate, evitando un análisis serio de los riesgos.

Ambas reformas minimizan sus riesgos inmediatos con promesas de correcciones futuras. En México, Morena asegura que los problemas iniciales de la elección popular (como candidatos con nexos criminales como el que hemos visto) se resolverán con el tiempo, pese a la evidencia de politización y baja participación. En España, el PSOE promete que el trámite parlamentario ajustará medidas como la regularización de jueces sustitutos, pero la tramitación acelerada y el rechazo masivo de enmiendas muestra que se evita el diálogo para imponer el rodillo.

En México, la legitimidad de Morena, respaldada por su supermayoría en 2024, se usa para justificar la reforma, ignorando críticas de la OEA y la ONU sobre su impacto en el Estado de derecho. Pero esto no es sino una manera de hacer degenerar la democracia en tiranía de la mayoría. En España, el PSOE apela a "Europa", aunque los organismos europeos han expresado preocupaciones sobre la independencia judicial. Esta falacia hiperdemocrática a fuer de antiliberal confunde la autoridad política con la validez técnica, pasando por alto defectos estructurales y motivaciones políticas, como la protección del PSOE en casos de corrupción (caso Koldo-Ábalos-Cerdán-Sánchez) o el control de Morena sobre los candidatos judiciales.

Ambas reformas generalizan problemas específicos para justificar cambios radicales. En México, la corrupción de algunos jueces se usa para desmantelar todo el sistema judicial, siendo evidente que la elección popular no solo no va a combatir la corrupción, sino que la incentivará. En España, la lentitud y temporalidad en los tribunales se extrapolan para avalar medidas como el ascenso automático, que, sin duda, erosionarán la calidad judicial. Estas reformas no harán sino incrementar la influencia del crimen organizado en México o la politización del Ministerio Fiscal en España a cargo del PSOE.

A pesar de sus diferencias, las reformas mexicana y española comparten rasgos populistas por parte de las izquierdas, que amenazan el Estado de derecho. Ambas acusan al Poder Judicial de ser elitista y corrupto, justificando cambios que concentran poder en el Ejecutivo. En México, esto se logra mediante la elección popular controlada por Morena; en España, a través de cambios estructurales que podrían alinear el Ministerio Fiscal con el gobierno. En México, la reforma debilita un Poder Judicial que invalidó leyes de López Obrador en 2023; en España, se percibe como un intento de proteger al PSOE en casos de corrupción, sobre todo por lo que tiene que ver con la familia de Sánchez y su núcleo de confianza.

Ambas reformas también comparten el hecho de ser tramitadas con poca deliberación. En México, la supermayoría de Morena permitió una aprobación rápida; en España, la urgencia legislativa y el rechazo de enmiendas reflejan un proceso poco plural.

En ambos países, asociaciones de jueces y fiscales denuncian amenazas a la independencia. En México, la oposición llamó a boicotear las elecciones; en España, incluso asociaciones de jueces progresistas rechazan la reforma. Las reformas se implementan en climas de alta polarización, con gobiernos (Morena y PSOE) que capitalizan su base electoral para justificar medidas controvertidas, acusando a los críticos de defender intereses privilegiados.

Todo esto nos lleva a un escenario imposible de sostener. Las reformas judiciales en México y España, aunque distintas en su diseño, comparten un núcleo populista que se sustenta en falacias que ocultan riesgos graves: la politización del Poder Judicial, la erosión de la meritocracia y la pérdida de contrapesos democráticos. México enfrenta un peligro más extremo debido a la elección popular y la influencia de Morena, mientras que en España, los riesgos son más sutiles, pero igualmente preocupantes en un contexto de corrupción y polarización. Una democracia hispanoamericana digna de tal nombre es posible, pero exige priorizar la independencia institucional, el consenso plural y el respeto al Estado de derecho sobre las promesas populistas. Sin estos principios, México y España están deslizándose hacia sistemas donde el poder político prevalece sobre la justicia, condenando a la región a un ciclo de populismo que debilita sus democracias.