El Gobierno sigue buscando fórmulas para cumplir con la necesaria constante modernización de las Fuerzas Armadas. La práctica más habitual es adelantar fondos a la industria de defensa por I+D+i para que vaya desarrollando los programas sin que las empresas tengan que utilizar fondos propios. Después, cuando se empiezan a recibir los pedidos, las empresas devuelven los adelantos mientras el Ministerio de Defensa empieza a pagarles por su producto.
Ésta fórmula es la que se va a utilizar para financiar 12 nuevos programas de armamento que el Gobierno no ha clarificado, a tenor de la referencia del Consejo de Ministros que tuvo lugar ayer martes. La única información que se facilita es que los mismos forman parte de los proyectos incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa presentado por el Ejecutivo en abril para alcanzar el 2 por ciento del PIB en Defensa.
"Estos programas tienen una gran relevancia para la base industrial de la defensa, contribuyendo a la generación de empleo cualificado en las distintas regiones. Requieren de una especial contratación, ejecución y seguimiento, y absorben un gran volumen de recursos financieros que se materializan en compromisos adquiridos con empresas nacionales e internacionales en el ámbito de la cooperación", se limitan a decir desde el Gobierno.
La decisión del Gobierno es permitir al Ministerio de Defensa que adquiera compromisos de pago con la industria de defensa por valor de 15.635 millones de euros, que se distribuirían de una forma que no se menciona en la referencia del Consejo de Ministros durante doce años, entre los ejercicios presupuestarios comprendidos entre los años 2026 y 2037. Exactamente, deberán ir en el apartado "inversiones reales" de los presupuestos de esos años.
Del mismo modo, se aprueba también que esta docena de nuevos programas de armamento cuenten con una prefinanciación de 6.327 millones de euros. Será el Ministerio de Industria y Turismo quien adelante ese dinero como subvenciones por I+D+i, algo que las empresas deberían ir devolviendo según las condiciones pactadas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.