La guerra judicial por el mayor contrato de modernización del Ejército de Tierra podría acabar en la justicia europea

La guerra judicial abierta por el mayor contrato de modernización en términos económicos del Ejército de Tierra podría llegar a los tribunales europeos si el Ministerio de Defensa no cambia el criterio de entregarlo a Indra sin concurso público para convertirla a dedazos en el gran campeón nacional de la industria de Defensa. Una situación que podría provocar serios retrasos en un programa clave.

Así lo ha dicho este lunes, durante un desayuno informativo, Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas (SBS) y vicepresidente de General Dynamics (GDELS) en Europa, quien ha asegurado que el recurso presentado por su compañía, el que ha empezado la batalla judicial, sólo tiene como objetivo "proteger a la industria española de Defensa" y que se emplea tecnología desarrollada y fabricada en nuestro país.

"¿Llevarlo a los tribunales de la Unión Europea? Ahora mismo no lo podemos decir, Estamos todavía en el inicio del proceso, tomaremos las decisiones llegado el momento", ha dicho el alto responsable de la compañía, que ha dejado abierta una posibilidad a la que la empresa tiene el derecho para defender sus intereses y que convertiría al programa en una auténtica pesadilla para el departamento de Margarita Robles.

Todo el jaleó empezó con la decisión del Ministerio de Defensa de entregar a dedo a una UTE conformada por Indra y Escribano EM&E los dos contratos que se han aprobado para dotar de nuevos obuses autopropulsados –tanto a cadenas como a ruedas– a las Fuerzas Armadas españolas. GDELS-SBS era la gran favorita al tener desarrollados ya sus propios sistemas de armas, al contrario que Indra y Escribano EM&E, pero el contrato recayó en estos últimos.

No es un contrato cualquiera, sino que es el de mayor montante económico que hay ahora mismo para modernizar el Ejército de Tierra. Tienen un valor conjunto de 7.240 millones de euros (4.554 millones para el programa de artillería a cadenas y otros 2.686 millones para el programa a ruedas) y el propio Gobierno ha aprobado también una ayuda inicial de 3.000 millones en préstamos estatales para la UTE.

Esa ayuda es la que ha sido recurrida por GDELS-SBS ante el Tribunal Supremo, ya que entre otras razones para la misma el Ministerio de Defensa dice que la UTE de Indra y Escribano EM&E es la única con capacidad técnica para sacar adelante el programa, algo muy debatible teniendo en cuenta, como ya se ha mencionado, que GDELS-SBS tiene ya obuses autopropulsados desarrollados y Indra y Escribano EM&E no.

"La adjudicación dice que la UTE es la única con capacidad técnica. No es la única, nuestros vehículos son una realidad (…) La UTE ahora mismo no tiene capacidad. No tiene ni las fábricas ni el personal. Cuando ellos dicen que van a crear un centro para este programa es que no había capacidad. Con hechos, la única con capacidad es Santa Bárbara Sistemas", ha asegurado Page.

En esta línea, ha avanzado que el siguiente paso que van a dar es presentar un recurso de alzada en la Sala de los Contencioso-Administrativo del TS contra la adjudicación del programa, decidida el pasado mes de diciembre, al igual que hicieron con la prefinanciación, mientras esperan que en febrero el Alto Tribunal decida sobre las medidas cautelares solicitadas en el recurso por la prefinanciación.

"El diseño y la fabricación de nuestros obuses se hace en España. No vemos sentido a que se vaya a una empresa extranjera para traer lo mismo que ya tienes en España. Sea el contratista principal el que sea que se use una tecnología española. Tenemos 1.200 personas frustradas porque han desarrollado una tecnología y vamos a utilizar una extranjera. Tenemos el conocimiento y la capacidad en España. ¿No es eso autonomía estratégica?", ha defendido.