L D (EFE) Al mismo tiempo, la actual directiva barcelonista, presidida por Joan Laporta, ha presentado escritos en los que pide tanto el archivo de esta demanda como el de otra que tramita un juzgado civil relativa a un supuesto fraude en los terrenos donde se ubicará la futura ciudad deportiva de la entidad, en Sant Joan Despí.
El juzgado de Primera Instancia número 13 de Barcelona tramita una demanda de un grupo de compromisarios del club contra Enric Reyna y su junta porque no depositaron un aval de unos 4.000 millones de pesetas cuando accedieron al cargo, según las normas estatutarias federativas, y por no asumir su responsabilidad sobre las deudas de la entidad cuando la junta cesó. Por otro lado, el juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona tramita otra demanda, del mismo grupo de socios, por un supuesto fraude con los terrenos donde se ubicará la futura ciudad deportiva del club.
En el caso de la demanda del juzgado número 13, el juez ha decidido seguir con su tramitación y ha desestimado la petición de archivarla realizada por los abogados de Enric Reyna y los otros ex directivos demandados. En este caso, la actual directiva del Barcelona ha presentado un escrito solicitando también el archivo al negar legitimidad para demandar, entre otras cosas, al grupo de compromisarios que lo ha hecho.
Según el club azulgrana, tampoco se puede dirigir una demanda contra el club porque la responsabilidad, de existir, sería contra una serie de personas, los ex directivos de la entidad, y no del club como tal. A su juicio, "lo que es trascendente no es tanto la presentación del aval sino la responsabilidad de la Junta Directiva, la hoy demandada y la anterior, que no se ve erosionada por la presentación o no del aval".
En cuanto a la demanda contra la operación de compraventa de los terrenos de la futura ciudad deportiva Joan Gamper, el Barcelona ha contestado al juzgado que se trata de una operación legal de la que se informó a la asamblea general de compromisarios del club, donde se aprobó la liquidación del ejercicio 2001-2002, en el que se contabilizó esta operación. Por esta operación, el mismo grupo de compromisarios presentó una denuncia por la vía penal contra Gaspart y Reyna que el juzgado archivó por falta de indicios, apoyándose en que la actual junta de Laporta también dio el visto bueno a toda la operación.
El juzgado de Primera Instancia número 13 de Barcelona tramita una demanda de un grupo de compromisarios del club contra Enric Reyna y su junta porque no depositaron un aval de unos 4.000 millones de pesetas cuando accedieron al cargo, según las normas estatutarias federativas, y por no asumir su responsabilidad sobre las deudas de la entidad cuando la junta cesó. Por otro lado, el juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona tramita otra demanda, del mismo grupo de socios, por un supuesto fraude con los terrenos donde se ubicará la futura ciudad deportiva del club.
En el caso de la demanda del juzgado número 13, el juez ha decidido seguir con su tramitación y ha desestimado la petición de archivarla realizada por los abogados de Enric Reyna y los otros ex directivos demandados. En este caso, la actual directiva del Barcelona ha presentado un escrito solicitando también el archivo al negar legitimidad para demandar, entre otras cosas, al grupo de compromisarios que lo ha hecho.
Según el club azulgrana, tampoco se puede dirigir una demanda contra el club porque la responsabilidad, de existir, sería contra una serie de personas, los ex directivos de la entidad, y no del club como tal. A su juicio, "lo que es trascendente no es tanto la presentación del aval sino la responsabilidad de la Junta Directiva, la hoy demandada y la anterior, que no se ve erosionada por la presentación o no del aval".
En cuanto a la demanda contra la operación de compraventa de los terrenos de la futura ciudad deportiva Joan Gamper, el Barcelona ha contestado al juzgado que se trata de una operación legal de la que se informó a la asamblea general de compromisarios del club, donde se aprobó la liquidación del ejercicio 2001-2002, en el que se contabilizó esta operación. Por esta operación, el mismo grupo de compromisarios presentó una denuncia por la vía penal contra Gaspart y Reyna que el juzgado archivó por falta de indicios, apoyándose en que la actual junta de Laporta también dio el visto bueno a toda la operación.