Fiestas privadas, ferias, regalos, aperitivos y cenas gourmet, vinos caros, relojes de miles de euros, viajes por todo lo alto, intrigas, poder y persecuciones a chivatos. Y en medio del desenfreno sindicalista, las víctimas: los parados. No es la sinopsis de la última película El Irlandés de Scorsese, pero podría ser. En este caso, se trata de un trama real acaecida en el desgraciado sur de España.
La Fiscalía ya no tiene dudas. La élite sindicalista ha sido acusada de haber robado más de 40 millones de euros falseando facturas a diestro y siniestro. Sus protagonistas que reivindicaban los derechos de los trabajadores conforman el quinteto del escándalo. Un retrato de la mafia institucionalizada que en su escaparate lucha por el bien común y entre bambalinas aprende a hackear y engañar a los sistemas informáticos para desviar fondos a sus huchas, a sus botes alternativos, según lo desvelado por los investigadores.
Así, el fiscal ha pedido 7 años de cárcel para Francisco Fernández Sevilla, el que fuera ex secretario general de UGT-A. Lo suyo fue más allá de la mariscada. Dimitió en 2013 y solo estuvo 7 meses en el cargo, suficientes para provocar un desfalco millonario. En este sentido, la misma pena de 7 años se ha pedido para Federico Fresneda, tesorero del sindicato hasta 2013. Igualmente, se solicitan 7 años de prisión para María Charpín, secretaria de gestión económica; y 5 años de cárcel para Lola Sánchez Montaño, responsable del departamento de compras. A la cúpula del presunto fraude se suma Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de la empresa del sindicato A Soralpe al que también se le pide 7 años de cárcel.
'El Padrino' Fernández Sevilla
Para ponernos en situación: en el mismo año que Fernández Sevilla utilizaba la sociedad mercantil de la que era presidente para cometer sus presuntos fraudes delictivos millonarios, el vicesecretario de UGT en Andalucía daba entrevistas públicas rasgándose las vestiduras contra el capitalismo opresor. Era 2013.
"Esta batalla y la guerra la tenemos que ganar porque somos más y porque tenemos la razón. Hay que defender a las personas por encima del capital o los mercados", reivindicaba el ugetista. Además, instaba a pelear para que España no se convirtiera en un país asiático, "vivir o morir", señalaba folklórico en una entrevista por aquel entonces al diario Andalucía Información. Y prefirió vivir y por todo lo alto, y para más inri con cargo a los parados andaluces, según Anticorrupción.
Detrás del telón de sus apariciones públicas como revolucionario izquierdista, se escondían facturas de 700 bolsos de pieles y gastos en 1.000 bolígrafos de lujo de la marca Francis Montesinos para un congreso. En 22 meses nunca comió en su casa y jamás pagó gasolina, según las acusaciones del fiscal. Tiempos del vino más caro, de afición a restaurantes taurinos con caché, de copas al atardecer, de sobresueldos de 2.000 euros y de un chorreo de tickets en gastos especiales pagados con fondos de la Junta de Andalucía, apunta el informe de la investigación.
Fernández sabía actuar ante la opinión pública. En su papel de alto mandatario del sindicato de UGT declaraba en 2013: "Aunque el capital con su dinero quiera imponer sus métodos, las personas sensatas saben qué es lo que quieren para el futuro de sus hijos y para la sociedad y lucharé por ello". Nada más lejos de la realidad, El Padrino sindicalista, el de los obreros, parecía detestarlos.
Sin escrúpulos, en ese mismo tiempo, el bote lleno de dinero corrupto de los contribuyentes iba engrosando sus millones gracias a las artimañas informáticas que aprendieron Fernández y los suyos, según especifican las informaciones reveladas por la Fiscalía que pide 26 años de prisión en su totalidad a los imputados.
Fresneda, otro 'capo'
Federico Fresneda perteneció a la élite del sindicalismo patrio. Era el tesorero de UGT y para hacernos una idea, cuando fue detenido en 2014 llevaba en su muñeca un reloj Patek Philippe de lujo inalcanzable para cualquier obrero militante de UGT.
Su actitud fue hierática ante las acusaciones de los políticos populares. Silencio y mutismo. Cabeza alta y orgullo de presunto ladrón defraudador de subvenciones. La Fiscalía estima que es una pieza clave, un cerebro de la mafia de institución.
"Esta trama delictiva que ustedes tenían montada en Andalucía no ha tenido lugar solo en una sede de un pueblito; lo han hecho en Torreperogil, en Nueva Carteya, en Mairena del Alcor, en Dos Hermanas, en Utrera, y podríamos seguir Era una práctica habitual del PSOE y de la UGT en Andalucía", le recriminaban desde el PP. Pero Fresneda, nada. Que no hablaba, ni mu. Su comportamiento no mostraba arrepentimiento con la clase obrera a la que supuestamente engañó.
Fresneda habría acompañado a Fernández en sus movimientos delictivos. Era el secretario general de la Administración de UGT-A y, como tal, también aparece dentro de la operación como principal apoyo del sindicato con los proveedores que colaboraban en el fraude. Gestionaba la central de compras y liquidaba y excusaba las subvenciones permitiendo ganancias de forma coordinada. Recibía los fondos públicos y los destinaba a los fines que Fresneda y sus secuaces creían conveniente, desvela el juez de la investigación.
Otra modalidad de fraude creada por Fresneda, según el magistrado instructor, era el alquiler de sedes para cursos de formación que en realidad "no generaban realmente un gasto más que el de mantenimiento". Su fin no era otro que obtener dinero público para poder desviarlo al sindicato. Vamos, ni en los guiones de Kubrick.
El resto
María Chapín, Lola Sánchez Montaño, Enrique Goicoechea Salazar también fueron altos mandatarios de UGT metidos en el ajo. Hacían lo mismo que los jefes citados. Eran expertos en la falsificación de facturas y ensayaron para que no los pillaran con un programa informático que simulaba tickets de empresas, según Anticorrupción.
Venganza
Y como en el cine, la asentada corrupción sureña española, también ha tenido sus chivatos a los que habrían coaccionado y perseguido. Se trata de Roberto Macías, el sindicalista testigo de los presuntos delitos de robo millonario. UGT ha pedido que sea condenado sea condenado a cuatro años de cárcel y a pagar una indemnización de 60.000 por haber cometido, presuntamente, un delito de revelación de secretos. Esta sería la venganza de los sindicalistas.
"No podemos permitir que continúe el acoso y derribo judicial contra Roberto Macías por parte de la federación andaluza de UGT, investigada por su participación en actos gravísimos de corrupción como los ERE fraudulentos o el desvío de fondos públicos a través de facturación presuntamente falsa y fraudulenta para justificar ayudas concedidas por la Administración andaluza", según adelantó la plataforma Manos Limpias.
Por ahora, Macías también se tendrá que enfrentar a tres años de cárcel. Pero mientras tanto, y como indican en Manos Limpias, su vida es un infierno; como le pasaría a cualquier colaborador policial que traiciona a los reyes del lujo, el vino y el fraude.