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El escándalo del ERE a Cajasur que salpica a Zarrías sigue sin investigarse 6 años después de ser denunciado

Según una denuncia a la que ha tenido acceso LD, "la Junta de Andalucía a través de Zarrías concedió un ERE a Cajasur a pesar de dar beneficios".

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Según una denuncia a la que ha tenido acceso LD, "la Junta de Andalucía a través de Zarrías concedió un ERE a Cajasur a pesar de dar beneficios".
El exconsejero andaluz, Gaspar Zarrías | Archivo

El ERE concedido a Cajasur en el año 2.000 cuando la caja de ahorros "daba beneficios" que salpica al exconsejero de Presidencia andaluz, Gaspar Zarrías, sigue sin investigarse 6 años después de presentarse una denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla.

Zarrías fue condenado a 9 años de inhabilitación como cargo público el pasado mes de noviembre en la sentencia sobre la pieza política de los ERE. Cajasur (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba) fue una caja de ahorros que tenía su sede en Córdoba y estaba participada por la Iglesia. Fue intervenida por el Banco de España por su insostenible situación económica y adjudicada a la entidad vasca BBK el 16 de julio de 2010.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, fue presentada el 23 de julio de 2013 por el exdirector de oficina de Cajasur, Rafael Bueno. El escrito señala que en el año 2.000 "la Junta de Andalucía presuntamente a través del Señor Zarrías (Gaspar Zarrías), concedió un ERE a Cajasur a pesar de dar beneficios en esas fechas dicha entidad financiera y a través del cual presuntamente fueron a parar diversas subvenciones y exenciones económicas y donde además, fueron despedidos un número importante de empleados, para inmediatamente después, aumentar la plantilla en muchos más".

"Por todo ello, suplico a ese Juzgado, investigue los hechos relatados ya que presuntamente podríamos estar ante un nuevo caso de presunta utilización ilícita de los ERE de la Junta de Andalucía", concluía la denuncia que 6 años después de presentarse sigue sin ser investigada por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla.

Fuentes del caso consultadas por este diario apuntan que "el escándalo de corrupción del ERE de Cajasur es transversal y afecta a distintos estamentos económicos, políticos y sociales de Andalucía". "Muchos directivos de Cajasur amenazaron con desvelar las irregularidades del ERE que concedió Zarrías a la entidad en el año 2.000, si no les pagaban las condiciones económicas pactadas en su prejubilación en el año 2.004", añaden.

El sacerdote Miguel Castillejo era el presidente de Cajasur en esas fechas. Falleció en 2016 y estuvo al frente de la entidad 30 años. El cura Castillejo presentó los resultados de la entidad tras cerrar el ejercicio del año 2.000 en el que Zarrías concedió el ERE con una mejora del 2,3% (10.530 millones de pesetas de beneficio) respecto al año anterior. Según las declaraciones del propio Castillejo, el año 2.000 fue "un año difícil" en el que Cajasur había sentado las bases de un importante fortalecimiento.

Además, Castillejo reconoció a los medios de comunicación la intervención de Zarrías en la concesión del ERE a la caja de ahorros que dirigía: "Cuando se hizo una regulación de empleo en el año 2.000, ante la dureza en emitir desde la Junta un documento que era necesario para el expediente, don Gaspar, por intersección mía, lo dio".

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla fue dirigido por la juez Mercedes Alaya entre 1.998 y el 2015. En su periodo al frente del Juzgado, se comenzó a investigar la macrocausa de corrupción socialistas de los ERE fraudulentos que acumula más de 500 imputados y cerca de 150 piezas. Después, fue sustituida por María Núñez Bolaños, investigada en la actualidad por el CGPJ, por "paralizar" la investigación de los ERE impulsada por Alaya.

Las mismas fuentes del caso consultadas por este diario sostiene que la denuncia del supuesto ERE fraudulento concedido por Zarrías a Cajasur "nunca se ha querido investigar y se ha guardado en un cajón por sus delicadas ramificaciones".

Otra investigación abierta a Zarrías

Precisamente, el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla abría la semana pasada una nueva investigación al expresidente socialista andaluza, Manuel Chaves y al propio Gaspar Zarrías, junto a 13 personas más, 8 de ellas ex altos cargos, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedido en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén.

La cantidad de 3,7 millones es la que quedaría pendiente de vencimiento de un préstamo inicial de 5,8 millones, un préstamo "puente" que fue concedido a esta empresa por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía IFA y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de fecha 9 de noviembre de 1999.

En su auto, el juez atendía la petición de la Fiscalía Anticorrupción que ha solicitado que estas 15 personas, entre ellas Chaves y Zarrías, declaren en calidad de investigados por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación, acordando en el mismo deducir testimonio íntegro y completo de las actuaciones.

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