El Boletín Oficial del Estado del último fin de semana del curso suele quedar reservado para medidas polémicas que se aprueban a las puertas de Año Nuevo, con la espera de que la opinión pública se centre en las celebraciones familiares de la temporada navideña y deje en un segundo plano su preocupación por las decisiones que toman las altas esferas.
Este año, el último BOE de fin de semana no incluía muchas novedades polémicas, pero sí recogía el tradicional "catastrazo", que subirá un 3% en más de quince capitales de provincia, afectando a tributos como el IBI, el IRPF, la Plusvalía o el Impuesto de Patrimonio. Sin duda, una medida de gran alcance fiscal que se aprueba, como de costumbre, por la puerta de atrás.
Algo parecido ocurre con la tradicional disposición de fin de año referida a la autorización de nuevas plantaciones de viñedo dedicadas a la producción de cava. Esta decisión se toma a partir de la sugerencia oficiosa que toma el Consejo Regulador de dicha denominación de origen, que se comunica después al ministerio de Agricultura para que, o bien proceda a oficializar la disposición, o bien mueva ficha para aprobar una instancia con criterio propio.
Como explicó Libre Mercado en 2017, el pulso independentista en Cataluña ha favorecido una reacción de millones de consumidores que han decidido alterar sus patrones de gasto en Navidad para apostar por comprar botellas de empresas productoras de cava ubicadas en otras áreas peninsulares, caso de Requena, en la Comunidad Valenciana, o Almendralejo, en Extremadura. Incluso hay fuertes subidas de la producción de caldos espumosos en Galicia, donde el aumento es del 500%, o Aragón.
El Consejo Regulador del cava está controlado íntegramente por productores catalanes, lo que explica su tradicional reticencia a autorizar aumentos en la superficie de cultivo. El resultado de esta estrategia es que Cataluña sigue controlando 30.000 de las 38.000 hectáreas que cultivan esta denominación de origen. Por comparación, Requena y Almendralejo no suman siquiera 6.000 hectáreas.
Así las cosas, todas las miradas estaban puestas en la decisión del ministerio de Agricultura, puesto que se daba por hecho que el Consejo Regulador defendería el mantenimiento del statu quo. A la hora de la verdad, el gobierno socialista ha comunicado a través del BOE que, en efecto, tomará como referencia la sugerencia de los productores catalanes y apostará por una congelación de facto del crecimiento del sector, limitándose a autorizar un aumento simbólico de 0,1 hectáreas en la superficie de cultivo de cava autorizada en toda España.
Ante estas limitaciones, los productores han introducido técnicas orientadas a disparar la productividad de sus explotaciones, lo que ha permitido aumentar las ventas pese a no disponer de más terrenos de cultivo. Sin embargo, tal estrategia tiene un límite, como reclaman los productores valencianos y extremeños.
Los afectados insisten en que la última palabra no corresponde al Consejo Regulador, sino al ministerio de Agricultura. No en vano, el gobierno popular de Mariano Rajoy autorizó el desarrollo de 272 nuevas hectáreas en 2018, mientras que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez dio "luz verde" a más de 300 hectáreas en 2019.
Sin embargo, este año se ha optado por "congelar" el desarrollo de nuevas hectáreas, copiando al pie de la letra la propuesta de los productores catalanes. La decisión llega, además, a escasos días de la campaña de ventas para Nochevieja y en plena negociación para la formación de gobierno entre el PSOE y los independentistas catalanes.