"Todos estamos en el mismo barco". Son palabras de Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos. La UE ya no está para bromas. La creciente tensión que viven los mercados de deuda a raíz de los graves problemas financieros de Grecia, cuyas cuentas públicas están al borde de la quiebra, pone en riesgo la supervivencia misma de la zona euro tal y como se ha concebido hasta ahora.
El problema de Grecia no es sólo suyo sino que atañe a toda la Unión Monetaria, ya que su caída podría provocar un efecto contagio en otros países débiles, como es el caso de España, Irlanda o Portugal.
Este tema se viene discutiendo desde hace meses en los pasillos de Bruselas. Eso sí, a puerta cerrada. Y es que, en el fondo, la posible quiebra de alguno de los países miembros más débiles de la Unión -sobre todo, España- podría causar el colapso del euro. No sólo la mayoría de analistas coinciden en este diagnóstico, sino que éste también es compartido por la elite de Bruselas.
Ante este dilema, y después de barajar un posible rescate de Grecia -algo que, por el momento, no se descarta- la Comisión Europea (CE) ha decidido pasar de las meras advertencias a la acción. Bruselas ha optado por intervenir las cuentas públicas, no sólo de Grecia, sino también de España, Portugal y “otros" estados que comparten problemas estructurales similares.
El Gobierno de Bruselas tan sólo ha anunciado oficialmente el miércoles que pondrá bajo su tutela las cuentas públicas y hasta la propia economía griega. A partir de ahora, el Ejecutivo griego será el mero ejecutor de los dictados que, bajo el título engañoso de “recomendaciones”, ha elaborado la CE.
Esta medida pasará a la historia como la primera intervención de facto de un país miembro por parte de Bruselas. "Es la primera vez que establecemos un sistema permanente de control, pero es necesario dadas las circunstancias", aseguró el comisario español, Joaquín Almunia, que ofreció su última rueda de prensa como titular de Asuntos Económicos y Monetarios antes de pasar a ocupar, a partir del próximo día 10, la cartera de Competencia en la próxima Comisión.
Fuente: BBC
Pero no es el único. En la práctica, las cuentas públicas de España también han sido intervenidas por la Comisión, según fuentes de la burocracia comunitaria consultadas por Libertad Digital. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha recibido un “aviso claro, una advertencia dura ante la seriedad de la situación... O haces lo que te decimos o te la juegas”, señalan.
Cambio de rumbo
De ahí, precisamente, el drástico cambio de rumbo y la urgencia que ha adoptado el Ejecutivo, según estas mismas fuentes. Los hechos así lo demuestran. En poco más de un mes, el Gobierno ha pasado de negar la necesidad de reformar las pensiones y el mercado laboral, así como reducir el gasto público, a todo lo contrario.
En los últimos días, el Ejecutivo ha propuesto retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y rebajar las pensiones aumentando el período de años cotizados a 25 para calcular su cuantía. El pasado viernes presentó además el Plan de Estabilidad Presupuestaria 2009-2013 para reducir el déficit del 11,4% del PIB en 2009 al 3% en 2013, que incluye un recorte de gasto público próximo a los 50.000 millones de euros. El citado plan, aunque matizado posteriormente por el Gobierno, ha sido enviado a Bruselas y, por lo tanto, está pendiente de revisión por parte de la CE.
Por otro lado, el Ejecutivo aprobará este viernes en Consejo de Ministros una reforma laboral que, a la vista de lo que señala el Plan de Estabilidad, incluirá medidas flexibilizadoras. Por si ello fuera poco, Bruselas ha tomado el control del Fondo de rescate bancario (FROB) -las fusiones y rescates importantes necesitarán la autorización precia de la Comisión-, y ha puesto bajo vigilancia el Plan E.
Todas estas medidas son parte de las “recomendaciones” que incluyen los informes elaborados por los analistas de la CE y el BCE en los últimos meses pero que, hasta el momento, no eran más que eso, meras “recomendaciones”. Ahora ya no. El Gobierno ha empezado a reaccionar tras meses de reiterado avisos y, de hecho, reconoce en su plan de ajuste fiscal que ha adelantado en el tiempo algunas de las reformas y recortes precupuestarios que tenía previstos.
Los PIIGS, en el ojo del huracán
Tal y como señaló Almunia, la situación de los famosos PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) preocupa y mucho en el seno de la Unión. "En esos países observamos una pérdida constante de competitividad desde que son miembros de la zona euro. Tienen déficit públicos elevados y en esos déficit hay componentes cíclicos pero también estructurales. En el caso de Grecia y Portugal, más que en el caso de España", afirmó.
Bruselas interviene Grecia
En el caso concreto de Grecia, la CE ha puesto en marcha un "duro" sistema de vigilancia que forma parte del "paquete de medidas integradas" aprobado por el Ejecutivo comunitario este miércoles para garantizar que Grecia cumple su compromiso de reducir el déficit hasta el 3% del PIB en 2012, en línea con lo contemplado en el nuevo programa de estabilidad heleno.
La tutela comunitaria, inédita en el seno de la Unión, incluye un calendario de evaluaciones del cumplimiento de los objetivos que fija exámenes los próximos 16 de marzo, 16 de mayo y, a partir de entonces, cada tres meses, informa Efe. "Si (en estos exámenes) las cosas no van como queremos, cada vez que observemos problemas, vamos a pedirle a las autoridades griegas que tomen medidas adicionales", avisó Almunia.
El objetivo es reducir el déficit desde una tasa próxima al 14% al 3% del PIB en 2012. Los mandatos a seguir son claros:
1) Aumentar los impuestos: el Ejecutivo griego pretende llevar a cabo la eliminación de exenciones fiscales, aumentar los impuestos sobre el tabaco, el alcohol la propiedad inmobiliaria, ampliar los impuestos a los carburantes y reforzar la lucha contra la evasión fiscal, entre otros ajustes.
2) Reducir el gasto: recortar los beneficios y pluses salariales en el sector público y la congelación de los sueldos de los funcionarios en 2010, sustituir tan sólo a 1 de cada 5 funcionarios y congelar el 10% del presupuesto de cada Ministerio.
3) Reformas estructurales: reformar las pensiones públicas aumentando a 65 años la edad de jubilación para todos los trabajadores, así como reformas destinadas a mejorar la competitividad de la economía griega.
4) Control de cuentas: Almunia también anunció que la próxima Comisión enviará una propuesta jurídica al Consejo para aumentar los poderes de la oficina estadística comunitaria (Eurostat) a fin de que pueda auditar los datos estadísticos enviados por los estados en algunos supuestos. Esta medida surge a raíz del escándalo que ha provocado el ocultamiento a Bruselas del déficit público real que sufre Grecia, próximo al 14% del PIB -incluso se tema que haya ocultado otros 40.000 millones de euros de deuda pública-. De hecho, el Ejecutivo comunitario ha decidido abrir un procedimiento de infracción al país al considerar que no ha respetado sus obligaciones de recoger y enviar estadísticas que sean exactas.
Tan sólo hay que echar un vistazo a las banderas rojas que ha incluido Bruselas en su informe sobre el Plan de Estabilidad Presupuestario griego para percatarse de la gravedad de la situación. Las conclusiones se materializan en 1.224 palabras frente a las escasas 450 de la revisión de cuentas de 2009.
Fuente: Financial Times
El primer ministro socialista griego, Giorgos Papandreu, dijo el martes en Atenas que Grecia aplicará "al pie de la letra" su plan de ajuste fiscal, después de que la Unión Europea (UE) hubiera puesto en duda su futuro cumplimiento.
De este modo, ya hay más que palabras en el seno de la Unión. Bruselas ha decidido poner en marcha su Plan A. Esto es, reconducir los desequilibrios fiscales de los países con mayores déficits a nivel presupuestario y exterior, tomar el mando económico de los países más débiles. Lo ha hecho oficial este miércoles con Grecia, pero también extraoficialmente con España y Portugal.
"La zona euro necesita no sólo una mejor supervisión para fines fiscales sino una más amplia, utilizando los instrumentos que tenemos en el tratado. Porque tenemos que ajustar mejor nuestras economías y no sólo desde el punto de vista fiscal", aseveró Almunia. No obstante, está en juego el euro y el futuro de la Unión.
Es más, el comisario recordó que las "decisiones políticas" tomadas en esos países para abordar sus problemas económicos seguirán debatiéndose en las reuniones de ministros de Finanzas de la Unión Económica y Monetaria (Eurogrupo), así como en el Ecofin, foro de los titulares de los Veintisiete.
Plan A, B y C
El rechazo de Alemania a rescatar Grecia deja por el momento en stand by esta opción, que sería el Plan B. “Los problemas de los bancos alemanes son muy serios”, advierten estas mismas fuentes. Además, tal y como señaló el presidente del Bundesbank (banco central almemán), Axel Weber, “políticamente, no es posible decir a los votantes que deben rescatar a otro país para que así pueda evitar dolorosas medidas de austeridad que ellos mismos han vivido. Este tipo de ayudas, ya sea condicional, o -peor aún- incondicional, son contraproducentes”.
Mucho más lejos queda el Plan C, el posible abandono o expulsión de países de la zona euro. Pese a ello, el Banco central Europeo (BCE) ya ha elaborado un informe jurídico al respecto. Sin embargo, el Plan A, ya de por sí, es algo inédito en el seno de la Unión.
Aunque bien es cierto que algo similar pronosticó el ex presidente de la Comisión Europea Romano Prodi al inicio de la andadura comunitaria: "El euro nos obligará a introducir un nuevo conjunto de instrumentos de política económica . Es políticamente imposible. Pero algún día habrá una crisis y los nuevos instrumentos se crearán". Pues bien, casi 10 años después del nacimiento del euro, dichas medidas ya están aquí.Bruselas pretende poner en marcha nuevas competencias económicas. Y ello, en virtud del artículo 121 del nuevo Tratado de Lisboa , que permite a la CE dirigir y reformular políticas públicas de calado en los países miembros, tales como las relativas al sistema de pensiones, sanidad, mercado laboral o sector servicios, entre otras. Comienza un nuevo periodo de tutela comunitaria.