(Libertad Digital) España es uno de los cuatro países europeos (con Luxemburgo, Italia y Alemania) que no ha presentado los datos sobre la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes al año 2004, para lo cual tenían de plazo hasta el día quince de enero. La Unión Europea se comprometió a una rebaja en las emisiones del 8 por ciento sobre las de 1990, con distintos compromisos para cada país. España podía aumentar sus emisiones de CO2 hasta un 15 por ciento. Sin embargo, nuestro país registró ya en 2003 un aumento de las emisiones del 40,62 por ciento. El Ministerio achaca el retraso a "dificultades excepcionales" para recopilar los datos.
Medio Ambiente incluso prevé, en un informe enviado a Naciones Unidas, que las emisiones de CO2 de España supondrán un aumento del 49 por ciento sobre las registradas en 1990 en el año 2010, es decir, a mitad del período 2008-2012 para el que está previsto el cumplimiento de Kioto. Ello quiere decir que el propio ministerio prevé que España incumplirá el tratado, a pesar de que cuesta no menos de 20.000 millones de euros, de 611.000 a 708.000 empleos y en torno a dos puntos de inflación. A ello hay que sumar los costes de la deslocalización: empresas que no pueden hacer frente a los costes de Kioto y se van a los numerosos países (India o China entre otros) que no forman parte del tratado.
El otro incumplimiento del Gobierno español, y por el que también se le abrirá expediente, se refiere a las cantidades atribuidas para el período 2008-2012. Esta información es importante, porque con ella se pone en marcha el mercado de derechos de emisión. El Ministerio de Medio Ambiente reconoce que envió un informe, pero que era incompleto ya que no contaba el inventario de emisiones para el período 1990-2004 ni con "algunas decisiones relativas al uso de los sumideros de carbono".
Los países invocados disponen ahora de un plazo de dos meses para dar una explicación, y en virtud de esta respuesta la Comisión decidirá si enviará o no un dictamen motivado a las autoridades de este país, que es el paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.