LD (EFE) En un encuentro con periodistas, Mateas explicó que en 2002, Uni2 denuncio a Vodafone y a Telefónica Móviles ante el Servicio de la Competencia por prácticas contrarias a la competencia, por ofrecer servicios a sus clientes por debajo de los que cobraba por interconexión a las operadoras por terminación de llamada.
Carmen Mateas dijo que el Servicio de Defensa de la Competencia ha publicado ya el pliego de concreción de hechos en el que informa de que, en los servicios a empresas, tanto Vodafone como Telefónica Moviles han ofrecido desde 1999 un precio por las llamadas de fijo a móvil inferior al precio que estas operadoras han aplicado a sus competidoras en los servicios de interconexión a su red, lo que supone "estrangular los márgenes". Igualmente, Competencia indica que estas empresas han comercializado llamadas de móvil a móvil para empresas a tarifas inferiores a las que aplican a la terminación de las llamadas en su red (fijo-móvil).
Carmen Mateas dijo que el Servicio de Defensa de la Competencia ha publicado ya el pliego de concreción de hechos en el que informa de que, en los servicios a empresas, tanto Vodafone como Telefónica Moviles han ofrecido desde 1999 un precio por las llamadas de fijo a móvil inferior al precio que estas operadoras han aplicado a sus competidoras en los servicios de interconexión a su red, lo que supone "estrangular los márgenes". Igualmente, Competencia indica que estas empresas han comercializado llamadas de móvil a móvil para empresas a tarifas inferiores a las que aplican a la terminación de las llamadas en su red (fijo-móvil).
Según explicó Mateos, el proceso está en fase de alegaciones, y Uni2 ha solicitado que se amplíe esta concreción de hechos también para las llamadas residenciales. Se espera que el Servicio de la Competencia concluya su informe este mes y lo remita al Tribunal de Defensa de la Competencia, que tendrá un año para pronunciarse y, en caso de admitir los hechos, imponer una multa a estas operadoras que, según la ley, puede ser de hasta un máximo del diez por ciento de su facturación del año anterior al fallo.